El Ministerio Público formuló una acusación contra 61 personas investigadas en un presunto caso de ejecuciones extrajudiciales denominado ‘Escuadrón de la muerte’, que data del 2015. De este número, 56 son efectivos policiales y dos son informantes a sueldo de la Policía Nacional, uno de los cuales ya está sentenciado.
El testimonio de testigos y de dos colaboradores eficaces ayudó a la fiscalía a determinar cómo operaba esta organización, responsable del asesinato de más de 20 personas en por lo menos siete casos.
Uno de los más sonados fue el registrado en la autopista Ramiro Prialé el 29 de junio del 2015. Un operativo policial que terminó con cuatro presuntos delincuentes muertos y un vendedor de cometas herido.
Según un informe de Cuarto Poder, el colaborador eficaz 2017 declaró que un informante de la Policía Nacional reclutó a estos presuntos delincuentes diciéndoles que iban a asaltar un furgón que venía del interior cargado de dinero. Los asaltantes no sospechaban que el furgón estaba lleno de policías listos para disparar.
El 'comandante Prado' del que da cuenta el colaborador es el comandante de inteligencia de la Policía Enrique Prado Ravines, sindicado por la fiscalía como el líder de la organización criminal.
Esta se encargaba de reclutar personas con prontuario para hacer más creíble que fueron ultimados delinquiendo y para descalificar cualquier denuncia de algún eventual sobreviviente o de los familiares de sus víctimas.
La tesis del Ministerio Público sostiene que Prado Ravines formó una triada perfecta con otros dos oficiales: el coronel PNP César Eugenio Iturrizaga Cruzalegui, jefe de la División de Robos de la Dirincri; y Marco Patricio Jara Ulrich, jefe de la Sub Unidad de Acciones Tácticas SUAT.
La presunta organización criminal liderada por Prado Ravines ha sido bautizada como ‘Caballo de Troya’ y la fiscalía le atribuye el asesinato de 33 personas a nivel nacional. Según la investigación, actuaba bajo el manto protector del general, ahora en retiro, Vicente Álvarez
Los imputados son acusados de los delitos de asociación ilícita para delinquir y asesinato, crímenes que tienen una pena de hasta 35 años de prisión. Además, considera como tercero civilmente responsable a la Policía Nacional.