La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), encabezada por Pedro Cateriano, no descartó declarar en estado de emergencia la Carretera Central ante el desborde del río Rímac por las continuas lluvias y tras el pedido hecho por el gobernador regional de Junín, Ángel Unchupaico, quien sustentó la declaratoria de la medida en una reciente reunión.
Asimismo, los gobernadores regionales de Pasco, Glodoaldo Álvarez, y de Lima Provincias, Nelson Chu, apoyaron la propuesta de la construcción de una nueva carretera por la variante de Chinchán, es decir, un desvío en la vía a la altura de Casapalca para ingresar a Marcapomacocha – Llantac y arribar a la carretera La Viuda – Huayllay, tramo que tiene 59 kilómetros.
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Con este propósito, el premier Pedro Cateriano dispuso la conformación de una mesa técnica de alto nivel que estará presidida por el funcionario de la PCM Pastor Paredes Diez Canseco, de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad. En la mesa también participarán representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio de Economía y Finanzas.
De otro lado, un grupo de alcaldes distritales de la región Junín, liderado por el burgomaestre de Pichanaqui, Zósimo Cárdenas, criticó las rutas alternas dispuestas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ante el cierre de la Carretera Central y exhortó a que se considere construir una ruta viable que pase por La Oroya, Río Blanco y Cieneguilla.
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El funcionario contó a Canal N que la vía alterna que proponen se ha planteado debidamente en una mesa técnica y que esta cuenta hasta con cuatro carriles. El documento fue firmado en abril del 2015. Además, denunció que estos acuerdos con el MTC estipularon que los estudios debían iniciarse en junio del año pasado, pero hasta el momento no se ha hecho nada.
Por otro lado, el presidente ejecutivo del Ferrocarril Central Andino, Juan de Dios Olaechea, denunció en Canal N que Deviandes, la empresa concesionaria de la Carretera Central, no cuenta con maquinaria pesada para desbloquear dicha vía y tiene que depender del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y de las empresas mineras.