El congresista Octavio Salazar (Fuerza 2011) planteó, a través de un proyecto de ley, incluir en la legislación antiterrorista la imposición de penas de veinticinco años de cárcel para quienes utilicen a menores de edad en prácticas subversivas.
La iniciativa –que deberá ser dictaminada por la Comisión de Justicia del Parlamento– establece que esta pena será aplicable a todo agente terrorista que "capte, acoja, recepcione, traslade o retenga" a menores de edad con el fin de "instruirlos o adiestrarlos" en actividades subversivas.