Cantagallo: Se conforma comisión en el Congreso para estudiar situación de comunidad shipiba.
Cantagallo: Se conforma comisión en el Congreso para estudiar situación de comunidad shipiba.

Redacción PERÚ21

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Con el objetivo de afrontar de manera integral la problemática de la comunidad shipibo-koniba de , cuyas viviendas fueron afectadas por un incendio, se conformará una comisión de estudio.

El anuncio fue dado por la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso, Elena Foronda Farro, quien explicó este grupo de estudio estará encabezado por el Poder Ejecutivo, mientras que el Congreso hará un seguimiento de las acciones que emprendan en la zona del incendio.

El grupo será instalado a más tardar el lunes 14. Estará compuesto por los ministerios de Vivienda y Construcción, de Inclusión y Desarrollo Social, de Educación, de Salud y de Transportes y Comunicaciones; además del Indeci, el municipio distrital del Rímac y la población afectada.

Como observadores participarán representantes de las comisiones de Pueblos Andinos, Inclusión Social y Desarrollo; Vivienda y Construcción; Descentralización y Transportes y Comunicaciones, entre otras.

Castañeda no asistió

La Comisión de Pueblos Andinos sesionó este viernes con representantes del Ejecutivo, de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de la comuna del Rímac, a fin de conocer las acciones ejecutadas ante el siniestro que dejó sin hogar a las familias shipibo-konibas.

A la sesión estuvo convocado el burgomaestre de Lima, Luis Castañeda Lossio; sin embargo, no asistió. Foronda lamentó su ausencia e indicó que la autoridad edilicia debe asumir un rol activo en la ciudad.

"Debe asistir cuando se le convoca; pero, más allá del hecho anecdótico, nos interesan los resultados. Le dije al alcalde Castañeda que solo va a las comisiones donde se siente cómodo, debe tener un poco más de pluralidad política y trabajar con todas las comisiones", apuntó.

Tras la sesión, los integrantes de esta comisión visitaron la zona del incendio y dialogaron con los damnificados, que piden restablecer los servicios de agua, desagüe y alumbrado público, y la formalización de los terrenos que ocupan por cerca de 20 años.

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