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Morir en el Callao: ¿qué sucedió después del estado de emergencia? [ANÁLISIS]

Las cifras de homicidios muestran un alza. El impacto de una medida excepcional no se sostuvo en el tiempo.

Callao: 1,500 policías incautaron 3,802 ketes de PBC en los Barracones. (PNP)

Agentes de la PNP y serenazgo del Callao detienen a delincuentes en frustrado robo en almacén (Fotos: Difusión)

Redacción PERÚ21
Redacción PERÚ21

La región Callao no ha dejado atrás la violencia: guerras entre pandillas, mafias enfrentadas, sicarios ofrecidos al mejor postor, cabecillas operando desde prisión y menores de edad aspirando a ocupar el liderazgo criminal son parte de la crónica policial que da cuenta de una serie de homicidios violentos.

En diciembre de 2015, el Gobierno de Ollanta Humala declaró en emergencia el primer puerto ante la crisis de inseguridad. Esta orden se prorrogó seis veces, es decir, durante 315 días la región Callao estuvo sumida en una situación excepcional ante el avance imparable de la delincuencia. Han pasado dos años y medio desde que se dejó sin efecto el régimen de excepción y algunos titulares en el presente hacen eco de un pedido ciudadano desesperado: que se restablezca el estado de emergencia.

50+1 analizó la evolución de los indicadores de la seguridad ciudadana en el puerto durante los últimos años, que grafica el antes y el después de la radical medida. ¿Ha cambiado el Callao? ¿Sigue siendo el mismo o la situación empeoró?

Infografía

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DE LA PERCEPCIÓN A LA REALIDAD

En la última encuesta realizada por Ipsos a nivel nacional, la inseguridad ciudadana se colocó en el primer lugar de las preocupaciones de la ciudadanía con 57%. Existe una preocupación legítima de los ciudadanos que se sienten insatisfechos, pues advierten que las autoridades no la atiendan con urgencia.

En el Callao, la situación es particular. Para el análisis, se ha considerado los indicadores que desde el año 2012 publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En este lapso se identifican tres momentos: antes, durante y después del estado de emergencia.

La tasa de homicidios es la más impactante porque se trata de la pérdida de vidas humanas. En el cuadro adjunto se observa cómo esta tasa va creciendo desde 2012 hasta llegar a su punto máximo en 2015, alcanzando un índice de 15.2 (esto quiere decir que de cada 100 mil habitantes, alrededor de 15 fueron asesinados). Para establecer la gravedad de la situación, basta decir que en ese mismo año la tasa de homicidios en todo el Perú fue de 7.2. El Callao superaba el doble de esta cifra.

La aplicación del estado de emergencia en diciembre de 2015 tuvo un claro impacto en la evolución, tan solo en un año la tasa de homicidios bajó a 12.7, retrocediendo tres años de avance continuo.

Sin embargo, en 2017 esta cifra aumentó a 14, superando también el promedio nacional de 7.8 Con la tasa de robos en el Callao sucede algo diferente. Si bien en 2015 se aplica la ley excepcional, esta tasa no se había incrementado, mantenía casi el mismo promedio de 2014 y ya mostraba una tendencia a la baja. La aplicación del estado de emergencia no aplacó los robos dramáticamente: de 16.4 en 2015 bajó ligeramente a 16 en 2016.

Como se observa en el cuadro 2, la tendencia ha continuado hasta 2018, llegando hasta 13.8. Sin embargo, la evaluación que realiza semestralmente el INEI, actualizada a abril del presente año, indica que esa cifra ha aumentado a 15.6, mientras que el promedio nacional es de 13.4.

La preocupación de los vecinos del primer puerto está justificada. A pesar de los movimientos hacia la baja del índice de robos, estos parecen repuntar, según advierte el INEI. La tasa de homicidios, en claro aumento, debe merecer especial interés de las autoridades competentes.

Por un lado, habla de la violencia con la que día a día conviven los chalacos; por otro, esconde otro tipo de delitos de crimen organizado cuyas fricciones se solucionan muchas veces con la muerte. El estado de emergencia da resultados a corto plazo, pero no es la solución al problema, más aún cuando no existe un política sostenida e integral de lucha contra la criminalidad. 

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