La Contraloría General de la República advirtió que la cremación e inhumación de fallecidos con sospecha o diagnóstico de COVID-19 en el Callao no se realizan dentro del plazo establecido en la normativa vigente, lo que no contribuye a prevenir y controlar los diferentes factores de riesgo de contaminación y diseminación por el COVID-19 de los cadáveres y pone en riesgo la salud de la población.
La norma vigente establece que los fallecidos por COVID-19 no deben permanecer más de 24 horas en el mortuorio de los establecimientos de salud, viviendas o lugares distintos, y deben ser inhumados o cremados dentro del plazo de 24 horas desde que se certifica su fallecimiento.
Sin embargo, de la información proporcionada por la Dirección Regional de Salud (Diresa) Callao se pudo comprobar que dichos procesos fueron realizados más allá del plazo establecido.
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De la revisión efectuada a las fichas de registros y salida de cadáveres de la Diresa Callao, correspondientes al mes de junio, se pudo evidenciar que en 43 casos la demora en la cremación demoró entre dos y 17 días. De ese total, 33 cadáveres procedían de viviendas, cuatro provenían de hospitales (Carrión, Negreiros y Sabogal) y el resto provenía de la vía pública, urbanizaciones y asentamientos humanos.
Este hecho no contribuye a prevenir y controlar los diferentes factores de riesgo de contaminación y diseminación generados por el COVID-19 de los cadáveres, lo que pone en riesgo la salud de la población en general, considerando que las incineraciones e inhumaciones se estarían realizando fuera de los plazos establecidos.
Asimismo, el informe señala que la Diresa Callao realizó gastos por servicios funerarios, como son la preparación y recojo de cadáveres, para personas fallecidas por COVID-19 en la región Callao, pero esas labores fueron realizadas por los 4 Equipos Humanitarios de Recojo de Cadáveres (ERHC) que laboran en dicha jurisdicción, lo que genera el riesgo de hacer pagos a los proveedores privados por prestaciones no realizadas.
La Diresa Callao contrató a dos proveedores privados para brindar servicios funerarios a las personas fallecidas por COVID-19 y en la revisión de documentos, realizada por el OCI de la entidad, se detectó que la labor de desinfección de cadáveres, recojo y uso de bolsas termo selladas fue realizado por los ERHC y pese a ello, la entidad otorgó la conformidad y realizó el pago de los servicios.
Estos hechos evidenciarían que no se estaría cumpliendo con la verificación de los servicios prestados, devengando y pagando por prestaciones aún no realizadas, lo que podría generar deficiencias en el desarrollo de las actividades y un perjuicio económico a la entidad.