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Redacción PERÚ21

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La del fiscal de la Nación, José Peláez, y el presidente del Poder Judicial, César San Martín, por la interceptación telefónica a , parlamentario de Alianza Por el Gran Cambio, traerá cola y consecuencias.

Al menos así lo cree que el legislador Heriberto Benítez, quien sostuvo que ha quedó en en este tema del fiscal William Montes –al que Peláez, para sacar cuerpo a la denuncia, le echó la culpa– y del juez Abel Pulido, ambos investigados por los órganos de control jurisdiccionales.

"Con toda sinceridad, con lo que han explicado ayer el presidente del Poder Judicial y el Fiscal de la Nación ha quedado demostrado que no solo hay una irregularidad, error o confusión, sino que hay un delito contra la administración de justicia (…) Y eso en derecho se llama prevaricato, tiene cinco años de prisión y creo que ambos deberían estar en la cárcel", dijo Benítez en Canal N.

"Yo no creo que sea ignorancia. Ahí ha habido intención. Ahí hay claramente una actitud dolosa", insistió el legislador.

Por su parte, el legislador fujimorista Pedro Spadaro dijo que el fiscal de la Nación fue al Parlamento a lavarse las manos y señaló que sí hay méritos para una acusación constitucional.

En tanto, la bancada de Alianza por el Gran Cambio, a la que pertenece Galarreta, decidirá el lunes si denuncia en el Congreso al titular del Ministerio Público y al presidente del Poder Judicial, César San Martín, adelantó el vocero Juan Carlos Eguren.

'FUE EXCESO'Por su parte, la lideresa del PPC, Lourdes Flores, consideró el chuponeo como un exceso y un acto injustificado por parte del Poder Judicial y del Ministerio Público. "Eso evidencia que tiene que haber una serie correcciones", dijo la excandidata presidencial en RPP, tras señalar que corresponderá a las oficinas de control interno determinar eventuales sanciones.