La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) está evaluando un proyecto que podría modificar a circulación vehicular en la avenida Arequipa. La iniciativa busca que los buses del Corredor Azul utilicen los dos carriles en sentido sur a norte, permitiendo así la creación de un carril exclusivo para la ida y otro para el retorno de estos vehículos.
Actualmente, el tránsito en esta vía es compartido por vehículos particulares y de transporte público en ambas direcciones. Sin embargo, con la posible implementación de esta medida, los autos privados podrían verse obligados a utilizar únicamente los carriles con sentido de Miraflores al Cercado de Lima, lo que impactaría en la movilidad en la zona.
El proyecto ha sido comunicado a los municipios de los distritos afectados, como Miraflores, San Isidro, Lince y Lima Metropolitana. Sin embargo, algunas autoridades han manifestado su preocupación sobre los efectos que podría generar esta modificación.
Renzo Vallejo, subgerente de Movilidad Urbana de la municipalidad de Miraflores, expresó que la medida podría causar congestión en calles residenciales.
«Nuestra evaluación inicial nos indica que esta medida podría ocasionar impactos colaterales, como la redistribución del tráfico hacia calles residenciales que no están preparadas para recibir mayor carga vehicular», señaló.
Además, mencionó que la municipalidad tendría que destinar recursos adicionales para fiscalizar y gestionar los cambios en el tránsito.
ATU lanza beneficio para reducir deudas de transportistas
En paralelo a este proyecto, la ATU ha puesto en marcha el Beneficio Extraordinario de Regularización de Sanciones, una medida que permitirá a los transportistas formales reducir hasta en un 95% las deudas acumuladas por sanciones administrativas entre 2001 y 2019.
La iniciativa, oficializada mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 019-2025-ATU/PE, busca incentivar la formalización del transporte público y aliviar la carga financiera de los operadores.
Las multas sujetas a este beneficio fueron inicialmente impuestas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y posteriormente transferidas a la ATU. Según la entidad, los transportistas tendrán nueve meses para acogerse a esta medida y regularizar su situación.
Además, la resolución establece que una vez que los transportistas formalicen su adhesión, los procedimientos de ejecución coactiva serán archivados. Para su correcta implementación, la ATU ha dado un plazo de 30 días a su Oficina de Administración para definir las disposiciones administrativas necesarias.
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