El Arzobispado de Lima anunció que solicitará al Poder Judicial la nulidad de la venta de una finca en Barrios Altos que forma parte de la herencia de José de la Riva-Agüero, la cual –según denuncian– las autoridades de la Pontificia Universidad Católica del Perú () realizaron de manera irregular, sin el previo conocimiento de la Junta de Administración.

Así lo confirmó , abogado de la entidad eclesiástica, quien señaló que el inmueble fue vendido en marzo de 2010 en US$1'450,000 a un grupo de comerciantes que el mismo día de la transacción lo hipotecaron al Banco Continental por la suma de US$3 millones.

Sin embargo, el letrado indicó que un año y cuatro meses después, en setiembre de 2011, dicha propiedad se revende por US$9'260,000 a otra empresa. Al percatarse de ello, el Arzobispado le dirigió una carta al rector Marcial Rubio Correa, para exigirle una explicación y señaló que la única respuesta que recibieron fue el "silencio" de la autoridad universitaria.

"Yo no digo que acá hay un acto ilícito y que hay una componenda. Eso en todo caso será materia de investigación, pero es un tema extraño e irregular, fruto de estas ventas sucesivas, fruto de estos cambios de precio, fruto de que no se quiere dar una explicación. Aquí se ha pedido de manera formal una explicación y la respuesta cual es: el silencio", señaló Amprimo en RPP.

Sobre la relación que mantienen con la PUCP, Amprimo Plá indicó que la Iglesia "no se niega a conversar sobre el tema testamentario", pero lo que no puede ocurrir es que "la condición para resolver el tema estatutario pase porque el Arzobispado de Lima convalide una situación de irregularidad fomentada por la universidad".

"Lo que no puede ocurrir es que se desconozca la voluntad de Riva-Agüero, una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional y se pretenda utilizar la voluntad de utilizar el tema estatutario a una suerte de hacer borrón y cuenta nueva", añadió.

"Eso no puede ocurrir porque la voluntad en un testamento no es transable, yo no puedo negociar lo que Riva-Agüero dijo porque son normas de orden público", sentenció.