El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor indicó que no está obligando a los colegios a bajar sus pensiones. (Foto: GEC)
El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor indicó que no está obligando a los colegios a bajar sus pensiones. (Foto: GEC)

El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, José Luna Morales, informó que su grupo de trabajo ha aprobado un dictamen que autoriza hacer modificaciones en los contratos suscritos entre los padres de familia y los en caso de que se modifiquen de manera sustancial las condiciones en las que se brinda el servicio educativo.

Luna Morales, integrantes de Podemos Perú, señaló que este dictamen no obliga a los colegios a que reduzcan sus pensiones, sino que da la posibilidad a los padres para que puedan tener acceso a información actualizada sobre el servicio que se brinda a sus hijos.

“Lo que se ha aprobado es que los padres de familia puedan, en estado de emergencia o catástrofe y si es que las condiciones en las que se presta el servicio cambian de presenciales a virtuales o pasan a ser menos horas, se tenga que hacer un nuevo contrato, porque yo contraté por un servicio y ahora me dan otro, corresponde hacer un nuevo contrato”, indicó en TV Perú.

Luna precisó que este nuevo acuerdo será supervisado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), motivo por el que el dictamen también otorga facultades al ente regulador para que intervenga directamente en estos casos.

“El texto aprobado da facultades a Indecopi para que medie y se llegue a un acuerdo, hemos propuesto que sea Indecopi el que regule. De esta manera, se genera la posibilidad de que haya un contrato diferente, no estamos obligando a los colegio a que bajen sus pensiones en un porcentaje, sino que pedimos que se analice el contrato, si se dio por algo se tiene que renegociar”, agregó.

Tanto este proyecto como el que permitiría retirar hasta el 100% de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), deberán ser debatidos y aprobados por el pleno del Congreso para poder entrar en vigencia.

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