Aleida Dávila es una periodista que trabaja en el diario El Cajacho, un medio de comunicación de que ha sacado a la luz planillas de pago del Gobierno Regional que evidencian pagos de hasta S/.5 mil a los dirigentes de las rondas urbanas.

Revelar esta situación, que Perú21 , ha convertido a Dávila en el objetivo de una campaña de difamación y de amenazas.

Como ella, muchos otros profesionales de la prensa en la región también son víctimas del hostigamiento de los ronderos y de los dirigentes que encabezan las protestas contra el , que no se conforman con causar desmanes, paralizar el comercio y afectar el turismo, sino que además atacan a cualquier persona que piense diferente.

Otro caso es el de Edel Alcántara, de radio El Edén. Este periodista fue capturado por las rondas campesinas, fue llevado a la fuerza a un lugar alejado y fue agredido a latigazos. "Según ellos, yo no informo bien porque critico su lucha, que supuestamente es totalmente pacífica", dijo en un informe de Abre los ojos.

CIUDAD PARALIZADAEn , por acuerdo de las rondas, las tiendas, negocios y mercados solo pueden atender hasta las 10:00 a.m. para luego plegarse a las protestas. De lo contrario, los comerciantes serán tildados de pro mineros, serán víctimas de campañas de difamación y recibirán multas. Así trabaja la autodenominada "disciplina rondera".

Las denuncias de estas agresiones están en manos de la fiscalía regional, cuyos magistrados también han sido amenazados. Un ejemplo claro es Miguel Castillo, quien ha recibido mensajes amedrentadores firmados por movimientos regionales e incluso por el Partido Comunista del Perú.