PCM debe iniciar una acción ante el TC para solicitar que aclare que la Constitución y que el Código de Tránsito priman sobre las ordenanzas. (Foto: GEC)
PCM debe iniciar una acción ante el TC para solicitar que aclare que la Constitución y que el Código de Tránsito priman sobre las ordenanzas. (Foto: GEC)

La Asociación Automotriz del Perú () evalúa acciones para que, a través de la Presidencia del, se inicien acciones en contra de aquellas municipalidades distritales que, a través de sistemas de “control del tránsito”, vienen realizando cobros excesivos y sin sustento, que representan medidas que atentan contra los derechos de los ciudadanos.

Así lo señaló Adrián Revilla, Gerente General de la AAP al agregar que, de la información pública que hemos revisado, “estos regímenes municipales de control del tránsito tienen un propósito recaudatorio y no fomentan el bienestar de los vecinos ni el desarrollo integral y armónico de su distrito”.

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Es por todos conocidos, dijo, que algunas municipalidades distritales de Lima vienen implementando sistemas de control de vehículos mal estacionados en las vías públicas de sus jurisdicciones. Esta situación genera malestar por multas desproporcionadas, impuestas por supuestas infracciones a las cuales se les suma los gastos generados por remolque de la grúa y depósito del vehículo.

FOTOS: Cortesía David Fairlie @dafairlie
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“Al final, los afectados -aunque consideran que es un abuso- prefieren pagar antes de quejarse e iniciar procedimientos engorrosos, que terminan siendo más onerosos y duran meses, aun cuando el levantamiento de la papeleta y la medida de internamiento hayan sido arbitrarios y/o ilegales”, refirió.

En algunos casos se han dictado ordenanzas para crear estos sistemas, las cuales desacatan abiertamente el Reglamento Nacional de Tránsito. El origen de este problema es que “las municipalidades distritales no tienen competencia para normar sobre transporte y tránsito terrestre. Esa es una facultad exclusiva del Ministerio de Transporte y, de manera complementaria del Gobierno Regional o de la Municipalidad Provincial, cuando corresponda”, apuntó.

FOTOS: Cortesía David Fairlie @dafairlie
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El Reglamento de Tránsito es claro, dijo el representante gremial, al precisar que la facultad de normas en temas de tránsito, que incluye el estacionamiento de vehículos en vías públicas terrestres urbanas, como es el caso de los distritos limeños, están fuera de las funciones de las municipalidades distritales. “Dicha competencia normativa no puede ser ejercida disfrazándolas como si se tratara de ocupación de la vía pública, ordenamiento territorial o comercio ambulatorio, u otros similares”, expresa

“Lo que viene sucediendo en algunos distritos y que ya ha sido denunciado públicamente es que “el estacionamiento de vehículos en las vías públicas es parte de los temas del tránsito terrestre, no importa cómo se lo quiera denominar, ya sea ‘ocupación de la vía pública’ u otro”, enfatizó.

Desnaturalizan la norma

El presidente de la Asociación Cruzada Vial sostuvo que la regulación municipal sobre estacionamiento de vehículos desnaturaliza las medidas preventivas de remoción e internamiento de vehículos. “Hemos visto que, bajo esta práctica municipal, que cuestionamos, la denominación de ‘medidas complementarias’, les permite una aplicación indiscriminada de acciones que vulneran el ordenamiento legal. En la ley están reguladas las medidas preventivas y se establece claramente que solo pueden ser aplicadas de modo inmediato para evitar un daño irreparable. Lo que en los casos que comentamos no sucede”.

Es cierto que existe un problema por escasez de estacionamientos públicos, pero es un asunto que debe ser resuelto por los municipios con medidas que fomenten el bienestar de los vecinos. “Hemos escuchado casos de vecinos que estacionados en el frontis de sus casas han sido objeto de este tipo de prácticas”.

FOTOS: Cortesía David Fairlie @dafairlie
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Por eso el representante gremial también hizo un llamado al Gobierno para que trabaje con las municipalidades distritales, a fin de detener la trasgresión a los derechos ciudadanos, tergiversando la norma e imponiendo multas con el único objetivo de recaudar ingresos dejando de lado su función principal que es fomentar el bienestar, desarrollo integral y armónico de su comuna. “Es importante que nuestras autoridades nacionales y distritales dialoguen y encuentren una solución que no vulnere la ley ni los derechos de los ciudadanos”, finalizó.

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