La fiscal anticorrupción Karla Zecenarro elevó un informe el 6 de julio a la fiscal de la Nación Patricia Benavides en el que precisó que el colaborador eficaz CE02-5D-2FPCEDCF-2022 dijo que una empresa extranjera entregó un millón de soles en efectivo al presidente Pedro Castillo durante la campaña electoral del 2021 a través del prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva.
En el documento, al que tuvo acceso Perú21, Zecenarro citó la manifestación en la que refiere que ese dinero sirvió para que “una empresa colombiana o brasileña” controle las comisiones de transferencias de los ministerios que se instalaron durante el cambio de gobierno.
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Este tema fue abordado por el empresario Zamir Villaverde y el exsecretario presidencial Bruno Pacheco en un audio grabado por el primero en julio del 2021.
“Juan Silva habría recibido una suma de dinero de un millón de soles de una empresa brasileña o colombiana a cambio de que el candidato Pedro Castillo trabaje con las comisiones de transferencia de todos los ministerios en un edificio en Lince”, se lee en el informe.
En otro momento, Villaverde narró que antes de la juramentación de Castillo como mandatario, en julio del 2021, acompañó al sobrino del presidente, el no habido Fray Vásquez, para “solucionar” un problema surgido con unos empresarios que estaban “molestos” porque Silva no los consideró en la participación de las comisiones.
A finales de mayo de este año, una semana antes de que pase a la clandestinidad, Silva negó a la Comisión de Fiscalización del Congreso haber entregado dinero a Castillo para la campaña electoral.
“Ningún sol, yo he hecho campaña personal apoyando al candidato. No me han dado ningún sol ni yo he dado nada. Eso está probado, no hay forma de que lo hagan y pueden preguntar al presidente”, respondió el extitular del MTC, sindicado de ser parte de la red criminal que operó en ese sector repartiendo obras públicas.
En el informe también se precisa que, el 28 de junio, Zamir Villaverde entregó 3 audios a Zecenarro que todavía no han sido escuchados ni transcritos debido al cambio de fiscales ordenados por la Fiscalía de la Nación, como ya había informado este diario.
Dichos audios, según el informe, estarían relacionados a entregas de dinero previo al cambio de Gobierno, entrega de dinero a Juan Silva y presuntas irregularidades en contrataciones en el Ministerio de Vivienda en el segundo semestre del 2021.
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Sale de prisión
Luego de permanecer recluido en el penal Ancón I desde marzo pasado, Zamir Villaverde recuperó su libertad por orden judicial la tarde de ayer. El empresario representa para el mandatario una real bomba de tiempo. Su abogado Julio Rodríguez sostuvo que lo que se ha conocido hasta hoy, como los S/50,000 que habría recibido Castillo a través del exministro Juan Silva, es apenas “el 20%” de toda la información que maneja el empresario.
Villaverde, sindicado de integrar una red criminal que se repartió obras desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ahora podrá acceder a evidencias que mantiene en su poder y que sustentarán su manifestación como colaborador eficaz.
Rodríguez ya había anticipado que su patrocinado debía estar libre para acopiar las pruebas que pueden terminar de hundir a Castillo y su entorno.
El letrado mencionó que existen “más audios” que no pueden ser obtenidos si no está presente el dueño de las empresas Mazavig y Vigarza.
Ayer, Villaverde salió del penal de Ancón I caminando al lado de su otra abogada Será el equipo especial que lidera la fiscal superior Marita Barreto que tendrá como tarea el estudio del nuevo material que será entregado por Villaverde.
Para salir en libertad, el empresario ofreció a la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro más información que permita evidenciar la red de corrupción que se enquistó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Además, aceptó una variación a la medida de impedimento de salida del país, la cual ahora vence en setiembre del 2023.
Perú21 pudo conocer las reglas de conducta que deberá cumplir Villaverde. Ahora está obligado a no ausentarse de la localidad de su residencia sin autorización judicial.
Asimismo, está prohibido de concurrir a las instalaciones de Provías Descentralizado, Provías Nacional, el MTC y Palacio de Gobierno.
“(Está en la) obligación de presentarse ante la autoridad fiscal el último día hábil de cada mes y dar cuenta de sus actividades”, se lee en el documento al que accedió este diario.
Otras medidas que deberá cumplir Zamir Villaverde son las de no comunicarse con sus coimputados de las otras investigaciones vinculadas al caso Puente Tarata y la obligación de presentarse a brindar su declaración cuando sea citado por la Fiscalía.
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