El exlegislador fujimorista Óscar Eliseo Medelius Rodríguez dejó la vida política solo porque fue puesto al descubierto. Era operador del exasesor Vladimiro Montesinos, organizó la fabricación de firmas falsas para que Alberto Fujimori sea reelegido en 2000, y un año después huyó del país tras la caída del régimen. Sin embargo, hasta su trágica muerte, se consideraba aún un político.
Medelius quería regresar al poder. Según los registros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el excongresista se inscribió en la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.) el 12 de julio de 2024, el último día de plazo para los que querían ser candidatos a la Presidencia o al Congreso en 2026.
No es solo una suposición. El personero legal de A.N.T.A.U.R.O., partido que perdió su inscripción tras ser considerado ilegal por el Poder Judicial, confirmó a Perú21 que el abogado chalaco tenía esa aspiración.
“Óscar Medelius era del círculo de confianza de Antauro Humala, nunca participó de las actividades partidarias, pero hizo toda la gestión (para inscribirse), los que se afilian lo hacen porque tienen pretensiones políticas”, dijo Rubén Ramos, el representante legal de la extinta organización que lideraba Humala.
Ramos aclaró, pese a que él era el encargado de entregar al JNE las fichas de militantes, que no sabe cómo llegó el fallecido notario.
“Imagínese, yo tenía que entregar 11 mil fichas de afiliados, ahora me llaman otros partidarios diciendo ‘¿cómo es posible que un fujimorista estaba afiliado al partido’?”, expresó.
Si bien reconoció que vio más de una vez al letrado junto a Antauro, el etnocacerista y exparlamentario dijo que este buscaba pasar desapercibido. “Medelius no viajaba con el resto, solo asistía a reuniones de manera reservada”, refirió.
Nadie en el círculo de Antauro, condenado por asesinar policías en el Andahuaylazo, puede explicar cómo llegó Óscar Medelius a esa agrupación.
Aunque Carmen Huidobro, abogada de Humala Tasso, lo conoció bien. Fue su defensora legal en 2009, cuando se confirmó la sentencia de 8 años de prisión contra Medelius por la falsificación de firmas. Detalló que su función fue presentar habeas corpus para que declaren nula la condena.
“Yo vi a Óscar Medelius hasta 2010, luego me dediqué a ver la defensa de la gente de Antauro (…) en esa época, Medelius me dijo que tenía simpatía por Antauro, después lo vi en 2024 en el partido, pero yo no lo llevé, nunca supe cómo llegó”, declaró Huidobro a este diario.
Medelius, eso sí, cumplía con el perfil que caracteriza a un legislador en estos tiempos: con un prontuario relacionado con el delito.
Fue abogado del temido narcotraficante Gerson Gálvez ‘Caracol’. Estaba vinculado al tráfico de terrenos y la minería ilegal en Carabayllo, el distrito donde fue asesinado junto a su socio Juan Miguel Huidobro. Este último tenía denuncias por estafa, lavado de activos y defraudación tributaria.
Para la Policía, el homicidio de Medelius Rodríguez tuvo como causa estas conexiones con el crimen. No podría ser de otra forma.
Aybar Cancho niegan estar detrás
La Policía investiga las causas del homicidio de Óscar Medelius, muerto de 20 balazos disparados por sicarios. Una de esas hipótesis recala en los conflictos mineros que este mantenía con la familia Aybar Cancho por la posesión de terrenos mineros en Carabayllo que, según Reinfo, está bajo la titularidad de la empresa D & H Contratistas Generales SAC.
A José y Luis Frank Aybar Cancho, condenados por tráfico de armas durante el fujimorato, los vinculan con Medelius las mismas funciones: haber sido operadores de Montesinos.
Respecto al asesinato, el abogado de los hermanos, Luis Barranzuela, dijo a Perú21 que sus patrocinados no tienen nada que ver con ese feroz ataque.
Admitió que los Aybar Cancho tienen diferencias legales con la compañía que representó el exparlamentario, pero insistió en que se debe esperar las investigaciones para aclarar los hechos.
“Cuando existe superposición de propiedades puede generar tensiones, pero una relación que lo vincule con el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, un asesinato, eso tendría que investigarse”, refirió Barranzuela, quien fue ministro del Interior durante el gobierno de Pedro Castillo.
Este diario informó que el predio en disputa tiene una extensión de 580 hectáreas. En el registro del Reinfo se muestra que sobre esa área, se reconoce la tutela de D & H Contratistas Generales SAC, mientras que los Aybar Cancho figuran con posesión “suspendida” sobre el mismo terreno que lleva de nombre “Acumulación Cristopher”.
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