Investigados del grupo Ramírez aportaron a Fuerza Popular

Si bien Fuerza Popular ha deslindado de Joaquín Ramírez, es difícil no recordar el protagonismo que él tuvo durante la campaña presidencial de 2016 y su cargo de secretario general.

La Fiscalía de Lavado de Activos logró que el Poder Judicial autorice la incautación del inmueble ubicado sobre el jirón Bucaré en la urbanización Camacho en el distrito de La Molina, donde durante 2016 funcionó el bunker partidario fujimorista. La casa le pertenecía a Lima Ingeniería y Construcción SAC –que, para la Fiscalía, es una de las empresas donde se lavó el dinero obtenido de manera fraudulenta de la Universidad Alas Peruanas– cuyo socio fundador era Joaquín Ramírez.

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Además, el fiscal Wilson Salazar Reque consiguió el allanamiento e incautación de los bienes de dos personajes que, según los registros de la ONPE, fueron aportantes a Fuerza Popular durante 2015.

Se trata de Harold Morales Rojas y Marcos Aponte Andrade, procesados “en calidad de cómplices primarios (...) de la comisión del delito de lavado de activos, provenientes del fraude en la administración de personas jurídicas en agravio del Estado peruano”.

Ambos personajes aparecen en una lista de personas que aportaron montos similares al fujimorismo: 4,642 soles, cada uno. Habrían actuado, en este caso, en calidad de testaferros de Ramírez.

LOS TESTAFERROS

“Se advierte que el imputado Harold Morales Rojas no cuenta con un perfil económico que acredite que ostente ingresos lícitos diferentes a su participación con las empresas de fachada de Joaquín Ramírez y Osías Ramírez”, señala el Ministerio Público.

Morales incrementó su patrimonio de manera desproporcional a sus ingresos mediante la adquisición de inmuebles y otros bienes “con las ganancias ilícitas producidas de su participación en los actos fraudulentos”, sostiene la Fiscalía.

Parte de esas ganancias ilícitas fueron transferidas al partido Fuerza Popular para “cumplir uno de los objetivos de la organización criminal”, señalan las autoridades: el blindaje político.

Con Marcos Aponte la historia se repite. La Fiscalía de Lavado de Activos acredita que este personaje –trabajador del grupo Ramírez– no tiene cómo demostrar su incremento patrimonial. Mientras trabajó para los Ramírez, compró vehículos por 76 mil dólares. Él también aportó más de 4 mil soles a Fuerza Popular.

Este diario buscó un descargo de los dirigentes del partido fujimorista, pero no fue posible. Durante la noche de ayer algunos desfilaron por los canales de televisión para aclarar los vínculos con Joaquín Ramírez. Hernando Guerra García indicó en el programa de Jaime Chincha que en el documento fiscal “solo hay indicios(...) y que pasados los años no han sido corroborados”.

Sobre la noche de ayer, la empresa Escuela de Aviación Civil Jorge Chávez –que fue gerenciada por la tía de Joaquín Ramírez– señaló que los aviones incautados no pertenecen al excongresista y son de propiedad de la Escuela. “Desmentimos tajantemente lo indicado por la Fiscalía de Lavado de Activos, que está cometiendo total abuso de autoridad”.

Joaquín Ramírez usó el comunicado para arremeter contra los medios de comunicación.

TENGA EN CUENTA

• Ayer continuó el megaoperativo contra la familia Ramírez. Se allanaron los inmuebles de la Universidad Alas Peruanas ubicados en los distritos de San Isidro y Jesús María.
• El jefe policial de Lavado de Activos de la PNP, Jhonny Veliz, confirmó que durante el megaoperativo se intervino una oficina que “era el despacho” de abogado del exjefe de la Policía Luis Vera.