Los últimos días de diciembre la Comandancia General de la Policía Nacional envió un documento con una insólita orden que dejó sorprendidos a los agentes de inteligencia más experimentados de la institución: a partir de enero de 2025 más de 100 agentes de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) debían de replegarse a la capital.
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Aquellos policías que se encontraban investigando el crimen organizado en diferentes regiones y provincias del país debían dejar sus pesquisas por una disposición inusual.
Algunos creyeron que el llamado respondía a un operativo de importancia; sin embargo, cuando llegaron a la sede central de la Policía, en Lima, fueron asignados a otras dependencias; muchos de ellos, en cargos que no tienen que ver con la investigación, como la seguridad ciudadana o la policía comunitaria.
Este hecho ha ocasionado que las bases de este equipo de investigación, a nivel nacional, queden casi vacías y las investigaciones a punto de ser devueltas a la Fiscalía.
Solo por poner un ejemplo: en Chiclayo, cerca de 30 agentes fueron llamados a Lima y ahora solo quedan dos representantes de la Diviac, en cuyos hombros pesan todas las investigaciones de crimen organizado de la región.
La dependencia que más preocupa es la ubicada en la región La Libertad, sede que ahora solo cuenta con un agente para sobrellevar toda la información referida a la minería ilegal, extorsiones y asesinatos que viene enfrentando dicha jurisdicción desde hace meses.
El caso es grave, ya que no hablamos de simples investigaciones sobre incautaciones de material minero, sino de casos realmente fuertes que involucran a los criminales más ranqueados y violentos del país, que incluso están relacionados con el narcotráfico.
SE BENEFICIA LA MINERÍA ILEGAL
Estas carpetas, con toda la información recabada por la policía, están a punto de pasar a manos del Ministerio Público porque no hay personal que investigue.
Dicha información delicada, que incluye casos como el del ‘Gato Coté’ (el capo de la minería ilegal en Pataz, La Libertad), se verá estancada y vulnerable, lo que pone en riesgo una vez más la seguridad de la región y del país.
Otra investigación policial es la de la Hermandad: la alianza entre Los Pulpos y Los Injertos de Trujillo, dos bandas que están entrando en el negocio de la minería ilegal.
Como expuso este diario, no son pequeños delincuentes dedicados a las minas informales; se trata de ranqueados asesinos que roban oro a mineras como Poderosa y lo comercializan convirtiéndolo en una fortuna que hasta el año pasado bordeaba los 150 millones de soles. Para lograrlo, utilizan amenazas, armas, balas, explosivos y violencia: lo sufre la población trujillana.
Siguiendo la misma línea, hasta el cierre de 2024 el monto que se exportó al exterior por la minería informal fue de 6,000 millones de dólares (debido al incremento de la onza del oro a 2,653 dólares). Además, este diario supo que esta actividad ilícita movió hasta cuatro veces más dinero que el narcotráfico (con una exportación de alrededor de 1.5 mil millones de dólares).
ESTADO DE EMERGENCIA INÚTIL
El sábado, a través de un decreto supremo, el Gobierno decidió ampliar el estado de emergencia por 60 días en tres provincias de La Libertad (Pataz, Virú y Trujillo) desde el 9 de enero. El motivo: la continuidad de la criminalidad en dichos sectores. También se incluyó una provincia de Tumbes.
El documento fue firmado por la presidenta Dina Boluarte, el premier Gustavo Adrianzén y los ministros de Defensa (Walter Astudillo), del Interior (Juan Santiváñez) y de Justicia (Eduardo Arana).
“Se ha decidido una presencia mucho más activa en el interior del país y hemos dispuesto que se viaje, en promedio, dos veces por semana no solo en las capitales”, dijo el premier Adrianzén cuando anunció la medida.
Sin embargo, por el otro lado, siguen desmantelando la Diviac.
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