En el Perú, donde la minería ilegal devasta comunidades y ecosistemas sin control, algunas ONG eligen ignorar el problema.
Una organización como la Red Muqui, que dice sacar cara por las poblaciones olvidadas, pretende hacer creer que la minería legal, la que genera puestos de trabajo y paga tributos al Estado, es dañina y perjudicial.
En sus redes sociales, la Red Muqui compartió esta semana un mapa que, arbitrariamente, muestra las regiones donde la minería de escala empresarial funciona y omitió deliberadamente las zonas que padecen a la minería ilegal, como son la sierra de Pataz (La Libertad) y La Pampa en la selva de Madre de Dios.
Esta delictiva actividad no solo depreda los suelos y contamina la biodiversidad, también promueve la trata de personas, la explotación sexual, no reconoce los derechos laborales y encima fortalece a organizaciones criminales que pugnan a muerte por los territorios.
LA VERDAD DEL ASUNTO
En conversación con Perú21, Mariano Castro, exviceministro del Ambiente, señaló que la minería ilegal es particularmente peligrosa, pues no solo destruye el medioambiente, sino que también debilita el tejido social de las comunidades donde opera.
El analista político Iván Arenas, en tanto, dijo a este diario que “la minería ilegal trae consigo una ola de delincuencia, prostitución y trata de blancas”. “Las comunidades que la toleran están condenadas a vivir bajo el control de bandas criminales”, agregó.
Arenas explicó que este fenómeno genera un círculo vicioso de violencia y explotación.
Sin embargo, la atención de organizaciones como Red Muqui está en criticar la minería formal, que sí tributa y opera bajo las leyes del país, mientras ignoran la desgracia social y ambiental que genera la minería ilegal.
“Estas ONG se oponen a la minería formal sin cuestionar las consecuencias de la minería ilegal, que está fuera de control y tiene un impacto mucho más dañino”, criticó Arenas.
Por su parte, Castro comentó que “es más fácil señalar a la minería formal que enfrentar a los poderosos actores detrás de la minería ilegal”.
En esta línea, el exministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, acotó que la minería ilegal no es un delito menor. “Muchas veces esta actividad está vinculada a organizaciones criminales con mucho capital y orden”, alegó.
Asimismo, Arenas subrayó que estas organizaciones prefieren seguir la agenda de ONG internacionales que las financian, “ignorando el sufrimiento real de las personas atrapadas en la minería ilegal”.
PARAÍSOS DEVASTADOS
Según el Ministerio del Ambiente, la minería ilegal en Madre de Dios ha destruido más de 50,000 hectáreas de bosques.
La contaminación por mercurio —que es usado por los mineros ilegales sin protocolos de protección— en los ríos ha alcanzado niveles alarmantes, afectando la salud de las comunidades locales y destruyendo masivamente el ecosistema.
En Pataz, los deslizamientos en minas informales, que se caracterizan por sus socavones, han causado la muerte de decenas de trabajadores en los últimos años.
Además, la falta de medidas de seguridad pone en riesgo la vida de las personas que se han hecho dependientes de esta actividad.
Sin embargo, la Red Muqui no denuncia los horrores ambientales cometidos en estas regiones, dejando a las comunidades afectadas sin voz ni apoyo.
La minería formal debe seguir un riguroso marco regulatorio y hacerse responsable del impacto que su actividad tenga en el medioambiente. Recibe sanciones y multas si no cumple las reglas.
Mientras tanto, la deforestación masiva, contaminación de los ríos, y la alteración irreversible de los ecosistemas son solo algunos de los efectos de la minería ilegal, así como el estrecho vínculo con mafias y organizaciones criminales.
Arenas resaltó la falta de una verdadera acción contra la minería ilegal, explicando que “las ONG no están denunciando las mafias que la controlan ni el sufrimiento de las personas que viven en la zona”.
El también columnista de Perú21 mencionó que “las organizaciones sociales prefieren mantener una postura ideológica contra la minería formal, cuando el verdadero enemigo, la minería ilegal, está destruyendo el país desde adentro”.
El exviceministro Mariano Castro coincide, resaltando que, la falta de cumplimiento de la norma significa una alta multa para los mineros legales, mientras los ilegales no reciben consecuencia alguna. Estos últimos, incluso, tienen el apoyo de agrupaciones políticas que, a cambio de financiamiento, les ceden espacio y les permiten continuar operando.
Al cierre de esta edición, Red Muqui no había respondido a nuestro requerimiento de información.
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