Hace un poco más de un año, el 29 de enero de 2024, se anunció por todo lo alto la convocatoria para contratar personal en la Contraloría General de la República.
Hubo nota de prensa oficial y todo. Y no era para menos. Había 4 mil plazas de trabajo disponibles. El objetivo apuntaba al “Fortalecimiento de la Contraloría para la ejecución de Servicios de Control”. En pocas palabras, más personas para controlar la correcta ejecución del gasto público.
El proceso de contratación se llevó a cabo entre el 20 de febrero y el 18 junio de 2024. Y como era de esperarse hubo un alto número de postulantes.
Pero la situación, lejos de generar un amplio beneficio para los contratados y la entidad reguladora, presenta hoy numerosos problemas. Y esos problemas tienen responsables: los hombres de mayor confianza de Nelson Shack, el contralor general por ese entonces.
Así lo señala un reciente informe de la Contraloría al que Perú21 tuvo acceso. El revelador y demoledor documento, fechado el 19 de marzo reciente, indica que ese concurso se llevó a cabo con numerosas irregularidades. En él hay hasta cinco altos funcionarios involucrados.
Entre los señalados se encuentran: Luis León Iglesias, secretario general de la Contraloría por entonces, Edilberto Terry Ramos, gerente de capital humano; Daniel Sedán Villacorta, subgerente de personal y contrataciones; Alan Saldaña Bustamante, subgerente de desarrollo humano, y Rogers Rivera Serna, subgerente de planeamiento y presupuesto.
LAS IRREGULARIDADES
¿Pero cuáles son esas irregularidades graves que la propia institución ha detectado en esta masiva contratación?
De acuerdo con el informe de la Contraloría, para cubrir las más de 4 mil plazas se requerían 383 millones 997 mil soles. El proceso de solicitud de este dinero debía pasar por una evaluación previa por parte de la gerencia de presupuesto y obtener una certificación que garantizara la tenencia de ese dinero sin tener que recurrir a un endeudamiento.
Sin embargo, esta certificación se obtuvo después de llevarse a cabo el proceso de contratación de personal. Es decir se hizo al revés del procedimiento. Parece un hecho intrascendente, pero en realidad no lo es, pues este salto en el proceso generó un conflicto entre el presupuesto disponible y el que se requería. Por esa razón se tuvo que reducir las plazas disponibles a 3 mil 82.
Pero hay más. El informe señala también que este proceso afectó la situación financiera de la Contraloría al asumir gastos antes de obtener la certificación. Y lo más demoledor es que la propia Contraloría ha declarado la ilegalidad del proceso de contrataciones.
DESPIDOS MASIVOS
Por esa razón, mil 600 funcionarios tendrán que salir de la institución a fin de mes. Entre ellos hay auditores ubicados en todo el país. Un problema grave a nivel social, pero sobre todo, por el contexto en el que se da. En un año preelectoral y con autoridades en todo el país con bajo autocontrol del gasto público.
La importancia de la labor del auditor recae en controlar el trabajo de diversos funcionarios públicos y señalar cualquier irregularidad en sus funciones.
Ahora, los trabajos de auditoría van a recaer en menos personas, disminuyendo la capacidad de control a nivel nacional. El candado para evitar el despilfarro, parece haber quedado abierto.
El excontralor Nelson Shack dijo a este diario que, aunque no se emitió oportunamente la certificación presupuestaria que garantizaba las contrataciones, la institución contaba con los recursos para ello. «Por eso se pagó sin ningún problema los sueldos de todos los contratados», aseguró.
«La certificación presupuestaria corresponde al ejercicio fiscal. Que ahora no tengan los recursos para pagar a la gente es una responsabilidad de la gestión actual», agregó.
Además, sostuvo que la Contraloría no ha señalado que el proceso de contrataciones haya sido ilegal, ya que de ser así, se habrían anulado los contatos. «Lo único que ha encontrado es una vulneración normativa en que no se tramitó la certificación presupuestaria oportunamente. Por eso es solo responsabilidad administrativa disciplinaria», explicó.
Según Shack Yalta, el despedido de los 1,600 servidores de la Contraloría no tiene relación con las irregularidades en la emisión de la certificación presupuestaria porque actualmente estamos en otro ejercicio fiscal, es decir, se maneja otro presupuesto, «cuya gestión es responsabilidad plena de la administración actual».
El extitular de la Contraloría señaló que el presupuesto institucional para el control concurrente se redujo de 2% a 0.5% y recordó que el actual contralor César Aguilar estuvo de acuerdo con ese recorte.
