Lava Jato: Los bienes de expresidentes y políticos que persigue el Estado

Por: Álvaro Reyes y César Zorrilla

Cuando Alejandro Toledo confirmó, en febrero de 2013, que había comprado una casa de US$277,308 en el balneario de Punta Sal, en Tumbes, su futuro se encaminó hacia un precipicio.

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Para ese momento, su suegra Eva Fernenbug había adquirido una lujosa vivienda en Las Casuarinas, en Surco, por US$3 millones 750 mil que el exmandatario tampoco supo explicar. Fue un escándalo. Las mentiras que ensayó el exmandatario desde ese momento para justificar las compras lo condujeron a la celda del penal de Barbadillo en la que hoy duerme.

Finalmente, no fueron dos sino ocho los inmuebles que Toledo adquirió con el dinero de las millonarias coimas que recibió de la empresa Odebrecht. Esta semana, el Poder Judicial admitió a trámite el proceso de expropiación de esos bienes y de una cuenta bancaria de Fernenbug que guarda US$42,237.

La Sexta Fiscalía Transitoria de Extinción de Dominio está a punto de incautar esas posesiones para que pasen definitivamente a manos del Estado.

El caso Lava Jato condensa acontecimientos similares al de Toledo: en casi todos los hechos delictivos se compromete a expresidentes y exfuncionarios con el cobro de sobornos a cambio de la entrega de obras.

Además del exlíder de Perú Posible, en esta trama están comprometidos los exmandatarios Ollanta Humala, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski, todos los que gobernaron al país en el presente milenio.

Sin embargo, no queda claro aún con qué investigados el Ministerio Público buscará la incautación de sus propiedades y con qué otros dejará que la Procuraduría los tome para cobrarse la reparación civil.

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NO ES CUESTIÓN DE FORMAS

En el caso Lava Jato, que empezó en el Perú en 2016, hay dos actores clave por el lado del Estado. El protagonista es el Ministerio Público, que, a través del equipo especial que lidera el fiscal Rafael Vela, busca condenar a los corruptos.

Y desde 2019 ha entrado a tallar la Fiscalía de Extinción de Dominio, que hoy encabeza el fiscal superior Franciso Avellaneda. Esta es especializada en recuperar propiedades que fueron adquiridas con dinero ilícito, ya sea producto del narcotráfico, el lavado de activos o la corrupción.

El equipo especial Lava Jato ha advertido a Extinción de Dominio que distintos investigados compraron millonarios bienes durante o después de sus mandatos sin poder justificarlos.

Pese a ello, cuando se trata de los peces gordos, Perú21 ha podido constatar con los registros de la Sunarp que la Fiscalía de Extinción de Dominio está detrás, además de los inmuebles de Toledo, solo de los que están a nombre del fallecido Alan García y que están valorizados en US$800 mil.

De acuerdo a la Partida Registral N° 46488407, el juez de Extinción de Dominio Paul Chumpitaz dictó la medida de inhibición para que tanto la casa como el estacionamiento de la calle Manuel de Freyre Santander no sean transferidos o vendidos a terceros.

Con Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala y la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, se aprecia en Sunarp que sus propiedades fueron embargadas pero a pedido de la Procuraduría. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no declara inmuebles, solo una camioneta Subaru de 2017 que también está congelada.

En el caso de ellos, hasta el momento, sus bienes servirán para indemnizar al Estado, una figura legal diferente a la extinción de dominio, que expropia lo adquirido con dinero sucio.

Desde el Ministerio Público guardaron silencio cuando se les consultó sobre el total de procesos Lava Jato que abrió la Fiscalía de Francisco Avellaneda. Lo ideal es que los corruptos no logren la impunidad en ninguna modalidad.

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