Pedro Castillo: Los argumentos del juez Richard Concepción para incautar la casa de Sarratea

El juez Richard Concepción Carhuancho –el mismo que en 2018 dictó prisión preventiva contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori– ordenó la incautación del inmueble de cinco pisos, ubicado en Breña, y que es propiedad del prófugo empresario Alejandro Sánchez.

Concepción acogió el pedido del equipo especial que lidera la fiscal Marita Barreto, que de esta manera consiguió impedir que el inmueble sea transferido por el propietario a terceros y así quede en manos del Estado como parte de una posible garantía para una futura reparación civil.

La fiscal Kelinda Janampa, a cargo del caso, sustentó ante el Poder Judicial que a esa vivienda llegaban los miembros del “buró político” para coordinar los actos de corrupción que cometerían en distintos estamentos del Estado.

Ese buró era encabezado por Sánchez e integrado por el empresario Abel Cabrera; el exjefe de Gabinete de Asesores, Salatiel Marrufo; y el detenido alcalde de Anguía (Cajamarca), José Nenil Medina.

Según la investigación, desde la casa de Sarratea se concertó, por ejemplo, la designación de la cajamarquina Jaqueline Perales Olano como gerente general en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), que se concretó el 16 de setiembre de 2021.

El colaborador eficaz 03-2022 contó que Perales fue ubicada en ese cargo “con la finalidad de poder direccionar el saneamiento de terrenos a favor de personas allegadas a Alejandro Sánchez Sánchez”.

La SBN es una entidad estratégica, ya que administra los terrenos del Estado. Salatiel Marrufo reconoció que a la empresaria Sada Goray se le concedió 90 hectáreas en Chilca a cambio de los S/4 millones en coimas que ella le entregó para Castillo Terrones.

Otra de las órdenes que salieron de esa vivienda fue el nombramiento de Auner Vásquez como jefe del Gabinete Técnico de Asesores de la Presidencia de la República.

De acuerdo a la indagación, Vásquez apoyó en las coordinaciones con el Ministerio de Economía para conseguir el financiamiento de las obras contempladas en el Decreto de Urgencia 102-2021. En ese DU, precisamente, el “buró político” direccionó 34 obras que sumadas alcanzaron los S/130 millones de inversión.

Pero, la participación del exfuncionario castillista no terminó ahí. La fiscal Janampa identificó que Vásquez recibió visitas en Palacio de representantes de la empresa Lenus SAC, que, durante la gestión castillista, ganó siete licitaciones en consorcio en municipalidades Cajamarca, Amazonas y Loreto.

El dueño de Lenus es Leyder Nuñez Sigueñas, quien es sobrino de Fermín Silva, el dueño de la clínica La Luz y amigo del exjefe de Estado. Esa cercanía al gobierno le habría servido para adjudicarse proyectos que juntos superaron los S/33 millones.

De los 34 proyectos del DU, cinco de ellos eran para la localidad de Anguía, cuya autoridad edil era el investigado José Nenil Medina.

Marrufo, por su parte, intervino para que dos millonarias obras de Cumba, en la región Amazonas, fueran incluidas en el decreto.

En la casa de Sánchez Sánchez, además, se encontraron los organigramas de distintos ministerios y la propuesta de designación en las Fuerzas Armadas.

“Se infiere que en el referido lugar (casa de Sarratea) se habrían producido de manera subrepticia reuniones entre los integrantes de la organización criminal con la finalidad de copar con personal y resulte favorecido su entorno”, alegó el Ministerio Público.

Con esos argumentos, el juez Concepción concluyó que esa propiedad habría sido usada para “el pacto criminal” de la organización encabezada por Castillo.

-Según la Fiscalía, Alejandro Sánchez financió la campaña presidencial de Pedro Castillo con más de medio millón de soles y buscó generar ganancias, a manera de retribución, cuando este llegó al gobierno.

-José Nenil Medina abonó más de un millón de soles que habría obtenido fruto de la corrupción de obras ejecutadas en Anguía, de acuerdo a los fiscales. Abel Cabrera, en esa línea, habría aportado medio millón de soles.