Las ONG no podrían recibir fondos del exterior si no se registran en la APCI

La iniciativa amplía las capacidades de la APCI para fiscalizar el trabajo y los recursos de las ONG. En ese sentido, según la propuesta, “las instituciones públicas y las entidades que gestionan y son receptoras de cooperación técnica internacional (…) tienen la obligación de efectuar la declaración semestral de sus planes, programas, proyectos, actividades o donaciones con financiamiento de la cooperación técnica internacional”.

Asimismo, se exige que se publiquen los datos de los representantes legales, así como “el nombre de los planes, de los programas, de los proyectos o de las actividades específicas que tienen a su cargo dichas organizaciones y entidades”. También se deberá señalar “el monto de los recursos o donaciones percibidas de la cooperación técnica internacional y las fuentes de financiamiento”.

Además, se deberá entregar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS “la información sobre ejecución de los gastos realizados (…) con recursos de la cooperación técnica internacional, así como sus fuentes de financiamiento”.

Otro cambio importante es que las ONG y otras entidades que gestionen cooperación, no podrán celebrar contratos con el Estado y, para poder ejecutar cooperación técnica internacional, deberán estar inscritas obligatoriamente en APCI.

En caso de incumplir con las normas, se establece sanciones como amonestación por escrito, multa de hasta 500 UIT, suspensión temporal de los beneficios y cancelación de la inscripción. Estas varían de acuerdo a la gravedad de la falta.

Por último, se establece la creación de una nueva entidad adscrita a Sunat con el objetivo de identificar diversos delitos como evasión de impuestos e incrementos patrimoniales no justificados.

Este dictamen ha generado rechazo por parte de algunos sectores que compararon esta iniciativa con medidas impuestas por dictaduras como Nicaragua y Venezuela. No obstante, esta propuesta tiene más similitud con las que actualmente se aplican en países democráticos como Estados Unidos y el Reino Unido.

En el caso de EE.UU., desde 1938 existe la Ley de Registro de Agentes Extranjeros. Esta norma exige transparencia a todas las instituciones que reciban financiamiento extranjero, como sus vínculos con el donante y las actividades que realiza en el país.

“La divulgación de la información requerida facilita la evaluación por parte del Gobierno y del pueblo estadounidense de las actividades de dichas personas a la luz de su función como agentes extranjeros”, indica el Departamento de Estado.

Por su parte, en Reino Unido se cuenta con el Plan de Registro de Influencia Extranjera, que exige la transparencia de organizaciones vinculadas con gobiernos extranjeros y que buscan generar influencia política en el país. Dentro de esta norma se incluyen gobiernos, partidos políticos extranjeros, gobiernos locales, entre otros. En este caso, las organizaciones y actividades tienen un plazo de inscripción menor a un mes. De no inscribirse cuando sea requerido, se considerará como un delito penal.

“Hay varias ONG operando en el país que tienen bastante incidencia en el activismo político. Hay varios actores que se han dado cuenta de esto, pero también gente de la sociedad civil que buscan mayor transparencia y fiscalización en el gasto”, aseguró a Perú21 Daniela Ibáñez, analista del Centro Wiñaq.

Asimismo, señaló que algunos políticos de izquierda son financiados por ONG durante épocas no electorales. Sin embargo, se desconoce el origen de los fondos. En ese sentido, indicó que hay organizaciones que tienen actividades en el país y no están registradas en APCI.

“En la página web de una ONG que se llama ‘Nuestro Sur’, donde Verónika Mendoza es investigadora hace años, figura una alianza con Celac, que es una ONG conocida a nivel latinoamericano. Yo revisé el informe de abril de 2024 de APCI(…) y Celac no figuraba”, dijo.

La politóloga señaló que hay mejoras que pueden hacerse al dictamen aprobado como “no ser tan severo con lo que es la prohibición de contratación con el Estado”, no obstante, consideró que la transparencia es positiva.

“Siempre que se busque transparentar y fiscalizar los gastos que inciden en el activismo político es algo positivo. La falta de información siempre es algo negativo”, enfatizó.

Además, agregó que otros países cuentan con leyes de transparencia similares. “Hay legislación que busca mayor transparencia en lo que son los gastos de las ONG en países como EE.UU., Australia, Reino Unido, Francia… Estamos hablando de países que nadie va a acusar de antidemocráticos”, indicó.

-Hasta mayo de 2024, 570 Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo aparecen registradas en APCI.

-APCI solo cuenta con nueve funcionarios.

-El dictamen fue aprobado con 12 votos a favor y uno en contra en la Comisión de RR.EE.

-En la agenda prioritaria para los plenos de esta semana no figura el dictamen.