JNJ rechaza informe aprobado en la SAC que pide inhabilitar 10 años a sus miembros

“El informe votado hoy, propuesto por el congresista Esdras Medina, está viciado, dado su ausencia de imparcialidad, pues el 18 de octubre de 2023 votó en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos proponiendo al Pleno la remoción inmediata de los siete miembros de la JNJ, por la misma causa que ha intervenido como delegado, entre otras. Asimismo, el 4 de diciembre último presentó una moción en la que, una vez más, pidió la remoción de los miembros de la JNJ, por abrir procedimiento disciplinario a la fiscal suprema Liz Patricia Benavides Vargas”, señala en su comunicado publicado en su cuenta de ‘X’ (exTwitter).

Con ese adelanto de opinión —añade el pronunciamiento de la JNJ— “se viola de modo flagrante el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos” que establece un principio universal, según el cual “quien instruye o juzga en cualquier tipo de proceso no puede tener una postura ya tomada sobre la materia”.

En la sesión de la mañana de hoy, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en la que estuvo Perú21, se recuerda, debatieron la recusación presentada por la JNJ en la que pedía sacar del caso al congresista delegado de la denuncia, Esdras Medina, por haber adelantado opinión durante la investigación.

Antes de ser sometido a votación el informe final, Medina realizó sus descargos sobre la recusación presentada, y negó que haya adelantado opinión, y pidió que se declare improcedente el citado pedido de recusación porque se trata de una figura jurisdiccional que se presenta contra los jueces, y que no existe en el reglamento del Congreso.

La presidente de la subcomisión, Lady Camones, después de escuchar sus descargos, declaró improcedente ese requerimiento de la JNJ, y dio paso a la exposición del informe final.

Los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobaron esta mañana el informe final del caso Junta Nacional de Justicia (JNJ), que recomienda acusar e inhabilitar por 10 años de la función pública a sus siete miembros, por haber mantenido en el cargo a Inés Tello, pese a tener más de 75 años, cuando el artículo 156 lo prohíbe.