Mateo Castañeda, abogado de Dina Boluarte, sería “brazo legal” de presunta organización criminal

Esta organización criminal habría sido liderada por el hermano de la presidenta, quien utilizaba “poder de facto” otorgado por la mandataria para recibir beneficios ilícitos a cambio de la designación de funcionarios, como prefectos y subprefectos.

Además, estos funcionarios habrían sido obligados a recolectar firmas para la inscripción de su partido ‘Ciudadanos Por el Cambio’, ante el Jurando Nacional de Elecciones (JNE). De acuerdo a la tesis de la Fiscalía, Castañeda habría fungido de “protector legal” de la presunta organización criminal y buscar la defensa de los involucrados “mediante actos de corrupción (...) con la finalidad de lograr objetivos del proyecto criminal”.

Asimismo, habría ofrecido acuerdos ilícitos a los coroneles Walter Lozano y Harvey Colchado. Al primero se le habría ofrecido ser ascendido a general PNP, mientras que al segundo se le aseguró que no sería apartado de la DIVIAC ni pasado al retiro.

A través de estos mecanismos, habría buscado obtener información de la investigación fiscal por adelantado para plantear una estrategia de protección.

“Con ello, buscó obtener información que involucre en algún hecho ilícito a la presidenta de la República Dina Boluarte, las mismas que se obtengan de los procesos especiales de colaboración eficaz, a fin de informarle inmediatamente y de esta manera, adopte una estrategia y un mecanismo de protección que genere impunidad para los integrantes de la organización criminal y desvirtúe cualquier imputación en contra de estos”, indica el documento.

No obstante, al no haber cedido a las exigencias de Castañeda con respecto a paralizar las investigaciones contra Nicanor Boluarte, el abogado “habría concertado con la máxima autoridad de la FF. AA. y PNP para defenestrar al Equipo Especial de la PNP y apoyo al Eficcop”.

Mateo Castañeda Segovia es abogado por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y cuenta con maestrías en Ciencias Penales y Derecho Constitucional.

Asimismo, ocupó diversos cargos en el Ministerio Público como fiscal adjunto provincial, fiscal provincial, fiscal superior y fiscal adjunto supremo.

En marzo de 2024 asumió la defensa de la presidenta de la República, Dina Boluarte, por el Caso Rolex. Sin embargo, según el Ministerio Público, el vínculo con la mandataria no habría sido únicamente legal, sino que habría fungido.

El Ministerio Público le atribuye cumplir el “rol de brazo legal” para mantener en la impunidad a presuntos miembros de la organización criminal liderada por Nicanor Boluarte.