El bloque fujimorista se niega a admitir la disolución del Congreso

En modo negación. No obstante los últimos acontecimientos vinculados a la disolución del Congreso, legisladores del bloque fujimorista, el Apra y el titular de la Comisión Permanente creen que no ha pasado nada y que siguen en funciones, e insisten en lanzar airados reclamos para recuperar las prerrogativas de las cuales estaban investidos.

Al menos eso es lo que se observó ayer, entre declaraciones y acuerdos en la Comisión Permanente, poniendo en agenda en este grupo temas que no le competen.

Anoche, en otra muestra de seguir atizando su enfrentamiento con el Ejecutivo, el titular de la citada instancia legislativa, Pedro Olaechea, acompañado de los integrantes de la Mesa Directiva y representantes del fujimorismo, reiteró su rechazo a la disolución del Parlamento e insistió en que deben seguir trabajando con normalidad.

“El Congreso no ha sido disuelto constitucionalmente. Por lo tanto, seguimos en funciones”, afirmó en conferencia de prensa al término de una acalorada sesión.

Olaechea había elaborado su propia agenda de trabajo con temas que contemplaban interponer una demanda competencial y una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional para que sea este organismo el que dirima sobre la disolución del Congreso.

Otro punto que se incluyó fue la aceptación de la renuncia de Mercedes Araoz a la vicepresidencia de la República, y como “presidenta en funciones” nombrada por el disuelto Parlamento. Antes de ponerse a votación ambos temas, el Frente Amplio (FA), Nuevo Perú (NP) y Peruanos por el Kambio (PpK) interpusieron una cuestión de orden para reclamar que la agenda contemplaba temas propios de un Pleno del Legislativo.

Tras un áspero debate, los citados bloques optaron por retirarse del hemiciclo. Luego la comisión se declaró en sesión permanente, propuesta que recibió 20 votos a favor, tres en contra y una abstención.

¿TIENE COMPETENCIA?

Más adelante, con 25 votos a favor, el grupo de trabajo aprobó autorizar a Olaechea a interponer la demanda competencial y la medida cautelar ante el TC. “Dada la imposibilidad del Congreso de sesionar, hemos recurrido al Tribunal Constitucional para resolver la crisis en la que nos encontramos, los problemas se resuelven acudiendo a los órganos competentes y no a la fuerza”, señaló en la conferencia.

Sin embargo, el tiro le podría salir por la culata tras conocerse las declaraciones del miembro de ese organismo Eloy Espinosa Saldaña. “¿Puede el presidente de la Comisión Permanente plantear proceso competencial? Mirando el artículo 101º de la Constitución, ¿tiene esa competencia o no?, ¿contra quién se va a plantear?, porque en la dinámica del presidente de la Comisión Permanente, que no voy a decir si es correcta o no, es que el señor Vizcarra está suspendido como presidente de la República y la señora Araoz ha renunciado a su condición de presidenta encargada; entonces, ¿quién preside? Hay una serie de cosas que nosotros como magistrados tendríamos que analizar, pero, insisto, con objetividad y rigurosidad de siempre”, remarcó.

Indicó que en este trámite, entre notificaciones, audiencias, plazos y resoluciones, pasarían entre tres y cuatro meses. Al abordar la renuncia de Mercedes Araoz, Olaechea reconoció que la Comisión Permanente no podía pronunciarse sobre el tema y que su situación se resolvería cuando se restablezcan las funciones del disuelto Congreso.

Para el magistrado Espinosa Saldaña, el tema tendría que ser materia de análisis. “La posición de la Comisión Permanente es que ellos no están disueltos, que siguen con plenas funciones, y en ese sentido hacen interpretación novedosa del artículo 114º de la Constitución, porque la suspensión históricamente ha sido entendida para casos de enfermedad, pero no lo suspenden por enfermedad sino porque asumen que el comportamiento de Martín Vizcarra ha sido inconstitucional, irregular, ilegal con la disolución del Congreso y, en ese escenario, nombran a una presidenta encargada y esa presidenta encargada al día siguiente les renuncia”, señaló. “Son las dos posiciones. Si el asunto tendrá que dilucidarse, habrá que ver si se plantea algún cuestionamiento y el TC nada va a poder decir al respecto si nadie le lleva la situación concreta a analizar”, subrayó.

Al final, la Comisión Permanente puso a discusión el oficio enviado por el Ministerio de Relaciones Exteriores que anunciaba el recorte de privilegios como la entrega de pasaportes especiales a los exlegisladores.

Herido en su amor propio, el grupo decidió devolver el documento a la sede de Torre Tagle tras sostener enfáticamente que “seguían siendo congresistas”.

“VÁMONOS TODOS”

La postura en la Comisión Permanente ya se había anticipado antes, al mediodía, con las primeras declaraciones de su presidente Pedro Olaechea, quien en una conferencia de prensa acompañado de Fuerza Popular, Contigo y Acción Republicana, insistió que todo se trataba de una terrible pesadilla.

“Tenemos hoy día una crisis política y lo que queremos evitar es que se consume un golpe de Estado. Lo que nosotros queremos es que, nuevamente, las competencias de cada poder regresen a su nivel”, expresó.

Pero tomando como pretexto la renuncia de Araoz, hizo un llamado al actual mandatario para que dé un paso al costado en el cargo. “Yo le propongo al presidente Vizcarra lo que ya le habían propuesto: salgamos por la Constitución. Renuncie usted, renunciamos todos y llamamos a elecciones inmediatamente. No le temamos al pueblo, hagámoslo hoy”, arguyó.

Cabe precisar que ni siquiera en condiciones normales la Permanente tiene las funciones que le añadieron ayer. Según el artículo 101 de la Carta Magna, esta comisión designa al contralor, ratifica al presidente del BCR y al jefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. También aprueba los créditos suplementarios y las transferencias y habilitaciones del presupuesto y ejercita la delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorgue.

“No pueden delegarse a la Comisión Permanente materias relativas a reforma constitucional, ni la aprobación de tratados internaciones, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto y la Ley de la Cuenta General de la República”, agrega. Esto, sin embargo, no parecen tomarlo en cuenta.