Dictan 12 meses de impedimento de salida del país contra el hijo de Miguel Atala

El juez del Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Sánchez Balbuena, dictó 12 meses de impedimento de salida del país contra Samir Atala Nemi, hijo de Miguel Atala, investigado por el presunto delito de lavado de activos.

Pese a que el requerimiento de la fiscalía era por 18 meses, el juez consideró que, estando el Ministerio Público próximo a culminar las diligencias, el plazo debía ser de 12 meses.

“En cuanto al plazo, es del caso no compartir lo requerido por el Ministerio Público y en este extremo, estando próximos a que las diligencias preliminares estarían por culminar y que lo que se requiere es que se cumpla su presencia en esta etapa, este juzgador considera que 12 meses son suficientes, son razonables y son estrictamente proporcionales a la afectación que esta medida impone al hoy requerido Samir Atala Nemi”, indicó.

La fiscalía presentó el estado migratorio de Atala Nemi que corrobora que constantemente viaja dentro y fuera del país, por lo que para asegurar su participación en las próximas diligencias, el Poder Judicial aceptó el impedimento de salida.

Samir Atala es considerado como el propietario de Ammarin Investment, una de las empresas offshore que su padre, Miguel Atala, le traspasó en el 2007 y que habría sido utilizada para recibir dinero de parte de Odebrecht a través de cuentas en la Banca Privada de Andorra (BPA).

El ex gerente general de la BPA, Frances Pérez, afirmó ante fiscales del equipo especial Lava Jato, señaló en un reciente interrogatorio que procedió a abrir las cuentas de la offshore en coordinación exclusiva con Miguel y Samir Atala.

Otro testimonio que implica al ex directivo de Petroperú es el de Luiz da Rocha Soares, ex tesorero internacional de Odebrecht, quien dijo que Miguel Atala recibió unos US$1'300,000 por un contrato ficticio a través de pagos en la BPA. El dinero había salido de la caja 2 de la constructora brasileña.

La versión que ha dado Miguel Atala ante el Ministerio Público es que este dinero fue recibido como pago tras una venta de un terreno ubicado en El Agustino que luego sería cedido para que se construya el tramo 2 de la Línea 1 del metro de Lima.