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Cuerpo de Gerentes Públicos rechaza proyecto del Congreso que busca derogar Ley del Servicio Civil
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El Cuerpo de Gerentes Públicos (CGP) expresó su rechazo a los proyectos de ley que se debaten en el Congreso y que buscan derogar el Régimen del Servicio Civil.
La organización, conducida por la Autoridad Nacional del Servicio Civil, advirtió que estas iniciativas legislativas en lugar de promover un servicio público basado en la excelencia y la meritocracia pretenden generar un entorno propicio para la mediocridad, la corrupción y la ineficiencia en la gestión estatal.
“Las propuestas de ley carecen de un análisis serio y exhaustivo sobre las implicaciones que tendrían en la gestión de los recursos humanos del Estado, así como en la atención y satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. Eliminar el régimen de Servicio Civil significa un retroceso en los avances de la profesionalización y modernización del sector público”, señala el CGP en un pronunciamiento.
Agrega que los proyectos ponen en riesgo la efectividad de las políticas y programas gubernamentales y dando a pie a que el ingreso de servidores al Estado se realice sin cumplir con los perfiles mínimos requeridos.
El CGP instó al Congreso a considerar las graves consecuencias que acarrearía la aprobación de estas iniciativas, “tanto en términos de calidad del servicio público como en la confianza de la ciudadanía en las instituciones estatales”.
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La noche del martes, Servir también se pronunció y a través de un comunicado mostró su “preocupación” por el dictamen aprobado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso y advirtió que “la medida afectaría los logros obtenidos para que el Perú cuente con políticas públicas orientadas a la modernización del Estado”.
Como se sabe, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso aprobó el dictamen que deroga el Decreto Legislativo N° 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, así como la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, Servir.
Además, la medida establece la instalación de una comisión tripartita encargada de evaluar y proponer modificaciones normativas para mejorar los regímenes laborales del Estado, así como para la creación a futuro de un nuevo régimen.
La iniciativa fue aprobada con siete votos a favor, dos en contra y tres abstenciones, por lo que ahora deberá ser expuesta y sometida a votación en el Pleno del Congreso.
Si se aprueba, la comisión tripartita se instalaría en 30 días hábiles después de promulgada la ley. Tras ello, durante un plazo de 120 días calendario deberá de realizar una propuesta de mejora y unificación de los regímenes laborales existentes en el sector público. Además, preparará un proyecto de ley que regule de manera integral un nuevo régimen laboral para el Estado.
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