Congreso: Dejan sin efecto nombramientos de 10 trabajadores durante presidencia de Luis Galarreta

Se trata de Luis Mejía Lecca, extesorero y personero legal de Fuerza Popular (FP) y sobre quien pesó una orden de prisión preventiva por presunto delito de lavado de activos en el financiamiento de la campaña de Fuerza 2011, hoy FP. Mejía Lecca laboraba en el Área de Defensa de las Leyes del Congreso.

También está Wilfredo Ponce de León, actual militante de Fuerza Popular y exjefe del Área Jurídica del Congreso. Ponce de León renunció a dicho cargo el 1 de julio de 2019 cuando se reveló que viajó a Tarapoto para averiguar presuntos vínculos entre el coordinador del equipo Lava Jato, Rafael Vela, y Rolando Reátegui (exmiembro de FP), colaborador eficaz de un caso seguido contra Keiko Fujimori. Ponce de León trabajaba en el Área de Asesoría Jurídica.

La Mesa Directiva ha dejado también sin efecto el nombramiento de Christian Peralta Navarrete, quien participó activamente en la campaña electoral de 2016 de Keiko Fujimori y estuvo a cargo de la Oficina de Comunicaciones del Parlamento.

A todos ellos se suman Magalli Andaviza, Marion Figueroa, Ricardo León Venegas, Omar Moscaiza, Moisés Pulido, Percy Rachumi Luna y Juan Rengifo Bahamonde.

El acta firmada por el presidente del Congreso, Manuel Merino (Acción Popular), y los congresistas Luis Valdez (APP), Guillermo Aliaga (Somos Perú), María Teresa Cabrera (Podemos) indica que la decisión se tomó a raíz de un informe de auditoría realizado por la subgerencia de Control del Sector Judicial, Político y Electoral de la Contraloría General de la República que “evidenció graves irregularidades” en el acuerdo de Mesa Directiva 156-2017-2018/MESA-CR del 8 de marzo de 2018.

Se trata de un acta de la 22 sesión de la Mesa Directiva firmada por Luis Galarreta (como presidente del Congreso), Mario Mantilla (Fuerza Popular), Richard Acuña (APP) y Mauricio Mulder (Apra).

De acuerdo al informe, en marzo de 2018 la Mesa Directiva estableció requisitos para celebrar contratos a plazo indeterminado. Entre los requerimientos se incluía que “los trabajadores cumplan con un mínimo de cinco años continuos y evaluación previa sobre las actitudes, competencia, desempeño y resultado que deberá ser referido por los funcioanrios responsables”.

Sin embargo, la Contraloría observó que ninguno de los 10 trabajadores cuenta con algún tipo de evaluación previa (de desempeño, requisito u otros) que haya justificado su contratación a plazo indeterminado.

Asimismo, se observó que en el legajo de los trabajadores Magali Andaviza Graos y Omar Moscaiza Moncada se verificó que no tienen documentación sobre el requerimiento o solicitud del área usuaria para su contratación.