Ataque a bienes estratégicos podría castigarse hasta con 14 años de cárcel

Fecha Actualización

22/01/2023 - 07:00

Las personas que durante las manifestaciones de diciembre y enero atentaron contra activos críticos del país, como aeropuertos, carreteras y medios de transporte, podrían pasar más de 10 años en prisión si es que se les halla culpables de delitos como daños y disturbios.

Hace dos días, la presidenta de la República, Dina Boluarte, advirtió que los actos de violencia cometidos durante las manifestaciones no quedarán impunes, y que, junto con la Policía y el Ministerio Público, investigarán a los responsables y serán sancionados.

En el caso del delito de disturbios, contemplado en el artículo 315 del Código Penal del Perú, la sanción va de entre seis y ocho años de cárcel. Para el delito de daños, la sanción es no mayor de tres años de pena privativa de la libertad.

Delitos en cuestión

El abogado penalista Andy Carrión indicó que el artículo 206 del Código Penal señala una forma agravada del delito de daños con una sanción de hasta seis años, que, a consideración de la Fiscalía, podría sumarse con la pena máxima por el delito de disturbios, que es de ocho años.

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“Los agravantes del delito de disturbios se dan cuando se usan indebidamente los distintivos de las FF.AA. o de la PNP, cuando atentan contra la integridad de personas y causan situaciones graves o cuando causan la muerte de personas. Dentro del artículo 315 no encontramos de manera expresa agravantes por atacar activos críticos. Sin embargo, en el artículo 206 referente al delito de daños, se menciona que, cuando el daño recae sobre instalaciones de transporte público o de prestaciones de servicios públicos, como los aeropuertos, entonces existe un agravante, y se sanciona con hasta seis años de cárcel”, explicó a Perú21.

Añadió que la Fiscalía puede investigar el delito de disturbios bajo la pena mayor (ocho años), y, en paralelo, investigar por daños en modo agravado. “En este caso se puede sumar las penas, y serían 14 años de cárcel como máximo”, dijo.

Con él coincidió el penalista Mario Amoretti, quien dijo que el intento de tomar los aeropuertos de Cusco, Juliaca y Arequipa, así como la muerte del policía que fue quemado en Puno, son hechos graves. “Son acciones que deben ser investigadas de forma que se les aplique la máxima sanción posible”, refirió a este diario.

Tenga en cuenta

El abogado Roberto Pereira sostuvo que los agravantes también se dan cuando se afecta un servicio público, perjudicando a la sociedad.Debido a las manifestaciones violentas que se producen en Lima, el Aeropuerto Jorge Chávez se encuentra bajo resguardo policial.

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