Turba toma campamento minero en Cusco mientras tensión aumenta

“Un grupo de vándalos ingresaron por la fuerza a nuestras instalaciones quemando dos unidades vehiculares y atacando la zona del campamento donde descansan los trabajadores”, informó la empresa minera.

Los sujetos irrumpieron alrededor de las 12:00 p.m. quemaron una miniván y una camioneta, así como atacaron la zona de campamento de los trabajadores, los que tuvieron que ser evacuados por el fuego y puestos a buen recaudo. Los destrozos quedaron registrados en video.

“Nuestra empresa es respetuosa del derecho a la protesta; sin embargo, de ninguna manera, comparte estos actos repudiables y delincuenciales que ponen en riesgo la integridad de nuestros trabajadores y de la población”, agregaron.

En Apurímac, cerca de 500 personas de las comunidades de Challhuahuacho se apostaron en la vía de ingreso de la minera MG Las Bambas, con pancartas en mano y pidiendo la salida de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Sin embargo, pese a las amenazas de “atacar y quemar” la minera, no pudieron ingresar a las instalaciones.

El ministro de Energía y Minas (Minem), Óscar Vera, hizo un llamado a la reflexión a raíz de estos actos que –remarcó– “lo único que hacen es hacer daño a las inversiones que generan riqueza para nuestro país”.

El premier Alberto Otárola pidió confiar en la Policía y las FF.AA. e incidió en que el adelanto de elecciones “está en la agenda del Congreso”, en referencia al proyecto presentado para nuevos comicios en abril de 2024. “Parte de la solución de este problema está en que el Congreso resuelva el sentido de esa ley y la ratifique”, acotó.

La Policía informó que, desde el reinicio de las manifestaciones –el 4 de enero–, se registraron al menos 39 daños a la propiedad pública y privada, entre ellas 10 bases policiales. Todo ello en Puno, donde se registró el mayor daño al patrimonio; Apurímac; Arequipa; Cusco; Tacna y Huancavelica.

En Cusco, la Policía logró repeler a un grupo de vándalos que intentaba tomar el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete, el cual tuvo que suspender sus operaciones temporalmente. Mientras tanto, en Puno se elevaron a 19 los muertos tras confirmarse el fallecimiento de un menor de 15 años de iniciales B.A.J.

En Madre de Dios, violentistas atacaron la vivienda del parlamentario Eduardo Salhuana (APP), hecho que denunció por la noche en el Pleno del Congreso.

“Puerto Maldonado está en manos de unos violentistas del sector de La Pampa apoyados por agitadores que construyen su plataforma política sobre la base de muertos. Y eso no debemos permitir”, aseveró.

Por la noche, la Fiscalía de Ayacucho, en un operativo conjunto con la Diviac, detuvo a Rocío Leandro, alias camarada ‘Cusi’, por delitos contra la tranquilidad pública. Perú21 reveló en diciembre que Leandro –quien purgó condena por terrorismo– financiaba las movilizaciones de los mineros ilegales en las distintas ciudades del país.

Anoche, en una extensa carta, el ministro de Trabajo, Eduardo García, renunció a su cargo señalando que la crisis “amerita un cambio de rostros en la dirección del país”. “Y de un adelanto de elecciones que no puede ya esperar hasta abril de 2024", indicó el funcionario que antes –de llegar a Palacio– había trabajado con la congresista Sigrid Bazán en la Comisión de Trabajo.

El Congreso aprobó, por mayoría (74 votos), conformar una comisión especial que determine, en un plazo de 90 días calendario, las presuntas responsabilidades penales y políticas “por las graves afectaciones a los derechos humanos, tales como la vida y la integridad física” en contra de ciudadanos y de agentes del orden ocurridas desde el 7 de diciembre de 2022 a nivel nacional como consecuencia de la crisis política.

Si bien inicialmente fueron varias las bancadas que respaldaron la propuesta, la referencia a supuestas “afectaciones a los derechos humanos” provocó que algunos bloques como Fuerza Popular tomaran distancia de la iniciativa por considerar que había un juicio anticipado de los hechos por investigar. Congresistas como Patricia Juárez y Diego Bazán, en tanto, reclamaron que las indagaciones identifiquen también a quienes desde antes del golpe de Pedro Castillo azuzaron a la violencia que hoy golpea al país.