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Andy Carrión sobre Ley que regula allanamientos: ‘Se percibe como conflicto de intereses del Congreso”

El abogado penalista aseguró que modificatorias en la norma aprobado por el Poder Legislativo debilita la lucha contra el crimen organizado.

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Los allanamientos al domicilio de la presidenta Dina Boluarte y Palacio de Gobierno por el caso “Rolex”. (Foto: César Grados/@photo.gec)
Fecha Actualización
Recientemente el Congreso de la República aprobó modificar la Ley contra el Crimen Organizado, norma que permite que en cada allanamiento esté presente la defensa de la contra parte. No obstante, una encuesta revela que el 75% de los peruanos están a favor que los allanamientos sigan teniendo un efecto sorpresa.
Para el abogado penalista Andy Carrió, esta iniciativa sería promulgada por el Ejecutivo, y lo único que desencadenará es la debilitación de la lucha contra el crimen organizado.
El especialista recordó que en un principio, los congresistas advirtieron que detrás de esta norma se encontraban algunas irregularidades y actos arbitrarios por parte de la Fiscalía y la Policía Nacional al momento de realizar este tipo de diligencias, sin embargo eso no es una motivación suficiente para modificar la Ley.
“La norma anterior promovía que en el marco del allanamiento se encuentre presente su abogado, solo que este podía llegar posteriormente a que este se esté realizando la diligencia de allanamiento e incautación”, comentó en el programa La Voz del 21, por la señal de Perú21TV.
En ese sentido, lamentó que el índice de parlamentarios investigados por diferentes delitos ponga en tela de juicio las leyes aprobadas por el Poder Legislativo, provocando que la población la perciba como un conflicto de intereses.
“Siempre hay un conflicto de intereses en atención a que un 80% de los congresistas enfrentan algún tipo de investigación penal, ya sea un proceso fiscal en etapa avanzada. Eso hace que cada norma que emita el Congreso, sobre todo atendiendo a la finalidad de debilitamiento a la lucha contra el crimen organizado, se sustente por parte de la población como un conflicto de intereses. Si es que no tendríamos un alto nivel o número de congresistas investigados, distinto sería el caso, y eso deslegitima la institucionalidad del Congreso de la República”, aseguró.


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