El narcotráfico deforesta amplios territorios de la Amazonía peruana

El impacto del narcotráfico se observa en la deforestación de amplios territorios, especialmente en la selva alta y baja, donde hoy han instalado bosques de hoja de coca. Invaden cada vez más áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento, que incluye territorios de comunidades nativas, concesiones y reservas.

Jaime García Díaz, investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), ha realizado un minucioso estudio sobre esta problemática. Los resultados son alarmantes: la deforestación en el periodo 2011-2020 creció más del 50% comparado con el periodo 2001-2010.

“Para nuestro análisis por ámbitos cocaleros se ha utilizado un radio medio de 300 m (la deforestación presenta rangos que van desde los 100 metros hasta los 500 metros de distancia a los cultivos de coca), por lo que se puede concluir con cierto nivel de confianza que la deforestación causada por los cultivos de hoja de coca en el Perú, entre los años 2011-2021 fue de 385,122 hectáreas, lo que representa el 22.4% de la deforestación total en la Amazonía de Perú”, subrayó.

Las zonas afectadas son 1. Inambari-Tambopata, 2. San Gabán, en Puno; 3. Bajo Amazonas, en Loreto; 4. Callería, en Ucayali, y 5. Aguaytía, también en Ucayali.

El investigador advierte que, desde el año 2000 hacia adelante, el 70% de los nuevos cultivos de hoja de coca se han localizado en pisos ecológicos menores de 400 metros. Incluso se ven cultivos en Caballococha, ubicada a 40 metros sobre el nivel del mar.

La coca se sembraba en zonas tradicionales, entre los 600 y 1,800 metros sobre el nivel del mar. Hace 40 años nadie imaginaba que llegaría a zonas como el Putumayo, Napo. Ahora último entraron a Callería, en Ucayali, donde hay más de 7,000 ha.

Los narcopromotores crean enclaves, financian el traslado de personas, les proveen de logística, semillas, facilitan los agroquímicos y finalizan con la compra del producto. Incluso, optan por pagar cupos, como ocurre en zonas de frontera con Brasil.

El investigador visitó Callería y da fe de esta penetración. “En la Comunidad Nativa de Flor de Ucayali en Callería ya han deforestado 3,000 hectáreas para la siembra de coca, de las 22,000 ha de terreno que tienen”, señaló.

Parte de la comunidad denunció la invasión ante la Fiscalía, pero, ante la carencia de recursos, no se pudo actuar. Lo mismo sucede con la Policía Nacional. Solo queda esperar la acción del programa Corah para la erradicación de cultivos.

Además de la deforestación, los cultivos de coca y la elaboración de drogas conllevan impactos ambientales de magnitud. Aplican técnicas de cultivo intensivo (le sacan el jugo a la tierra entre 6 y 10 años). Utilizan agroquímicos (insecticidas, plaguicidas, herbicidas), fertilizantes y los químicos para el procesamiento de la droga que se realizan en las mismas zonas de cosecha. A ello se suman los desechos de los precursores químicos y envases que terminan por contaminar y afectar el aire, suelos, corrientes de agua, la biodiversidad y la salud de las poblaciones asentadas en su entorno.

La lucha es desigual. El narcotráfico en el Perú mueve entre 3,500 y 4,000 millones de dólares al año. El investigador advierte que este flujo monetario tendrá presencia en los comicios de 2026, al igual que la minería ilegal, y no será nada raro ver ‘representantes’ de esas actividades ilícitas en el Congreso y en los gobiernos subnacionales.

De momento, urge alentar las acciones de interdicción y los programas de erradicación. Se calcula que en el país se siembran aproximadamente 100,000 ha de coca que movilizan a unos 150,000 cocaleros.

La erradicación es un tema crucial. En la pandemia del COVID-19 se erradicaron 5,000 hectáreas. La meta para este año es de 25,000. “Si en el país tenemos casi 100,000 ha, deberíamos estar erradicando, por lo menos, 60,000", señala el investigador.

Percibe que hay voluntad en el gobierno (como lo hubo en otros), pero el componente social es una barrera: hay que enfrentarse al campesino necesitado. El programa, sugiere, tiene que venir acompañado de desarrollo alternativo, como sucedió en el Monzón en la década del 90, cuando se erradicaron 10,000 ha y entró el desarrollo alternativo.

El investigador Jaime García sostiene que el país cuenta con recursos para evitar que la deforestación se siga expandiendo. “El momento en que empiezan a deforestar se puede detectar a través del satélite del Conida. Tú puedes saber cada día lo que están deforestando. Ya no hay excusas. Aquí la decisión es política”, sostuvo.

“El Estado tiene que fortalecer la presencia de las comunidades nativas, proveerlas de recursos, de drones, para que informen sobre las invasiones. Hay que dotar de recursos al Ministerio Público y a la Policía para que, con el apoyo de las FF.AA., actúen de inmediato”, enfatizó.

·En abril del presente año, los gobiernos de Perú y Estados Unidos suscribieron un acuerdo para reanudar los vuelos de interceptación de aeronaves sospechosas de transportar droga en territorio nacional, luego de que el Congreso aprobara el proyecto de Resolución Legislativa 6672.

·700,000 litros de agroquímicos se utilizan para incrementar la producción en los cultivos de la coca, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

·108 kg de precursores químicos se utilizan para la elaboración de 1 kg de cocaína.

·4,800 toneladas de cocaína se habrían producido en el Perú en el periodo 2011-2021.