Colección del Bicentenario 200 años de la Economía en el Perú: Alan García y el estallido de la hiperinflación

Si la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios, la hiperinflación es cuando ese proceso llega a cifras muy altas en un corto periodo de tiempo, está fuera de control, con lo que la moneda pierde su valor y se reduce rápidamente la capacidad económica de la gente.

Para entender el porqué de la hiperinflación se debe recordar que durante la década de 1970, el gobierno militar usó la deuda externa para financiar el crecimiento. Luego, durante el gobierno de Belaunde se mantuvieron algunas políticas del gobierno militar, como el control de precios y un Banco Central de Reserva que no era independiente, a pesar de que así lo establecía la Constitución de 1979. Pero como en los hechos no era autónomo, terminaba emitiendo dinero para financiar el déficit fiscal.

Ese contexto generó que la inflación de 1983 llegara a 125%. A ello se sumó que el país tuvo un entorno económico externo negativo, al igual que toda América Latina, debido a una crisis de pago de deuda y al incremento de los precios del petróleo. Esta situación, junto con el fenómeno de El Niño de 1983, llevó a un marcado descontento social.

Fue así como el Perú, ya golpeado en materia económica y financiera, llegó a 1985, año en el que Alan García fue electo presidente de la República. La hiperinflación, que comenzó a emerger en 1987 y fue muy evidente en 1988, fue aquel terrible fenómeno que escaló de nivel frente a la constante devaluación de la moneda de la época, el inti. Esta terminó de gestarse tras el fracaso de varias medidas que conformaban la política cambiaria y fiscal aprista, y también se vio alimentada por los planes fallidos de control de precios y de reinversión de utilidades del sector privado que quería García, pues este último cometido solo se ejecutó de forma parcial.

Puede recordarse que mientras en la primera mitad del año se oficializaba la ley de actividad empresarial del Estado y, a la vez, se mantenía vigente un mercado cambiario intervenido por el Estado, el tipo de cambio en las calles ascendía a un ritmo mayor y se hacía muy evidente la diferencia respecto del oficial, donde se usaba el dólar MUC (Mercado Único de Cambio). Este fue creado en 1977, durante el gobierno del general Francisco Morales Bermúdez, para incentivar la inversión y producción nacional.

El Estado compraba dólares al tipo de cambio del mercado, asumía una parte del costo de la compra y los vendía a un precio menor a las empresas que debían usarlos para sus respectivas industrias. El problema fue que, si bien la diferencia entre el dólar MUC y el de la calle (dólar de Ocoña) siempre había sido en promedio un 10%, esta comenzó a incrementarse en 1987; y para inicios de julio ya había subido a 183%. Ese año, julio abrió con un dólar en el mercado oficial a 15.89 intis, para el 9 de julio en las calles estaba a 36 intis y una semana después alcanzaba los 45 intis.

Esto sucedía mientras el relacionamiento entre el Gobierno y el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se resquebrajaba debido al retraso de los pagos de la deuda. Ello condujo a que las entidades anunciaran la suspensión de acceso a los créditos, que entonces eran necesarios para que el Gobierno financiara muchas de las medidas que desplegaba (y de las cuales varias no estaban dando resultados positivos). Ante tal situación, el gobierno aprista no tuvo mejor idea que pedirle al BCR que emitiera dinero para así financiarse y ello fue el comienzo de la penosa historia de la economía peruana durante los 80.

“El gobierno del 85 al 90 reemplazó el dinero que venía de deuda externa por la emisión de dinero. Es decir, la ‘maquinita’ del Banco Central. Y, al mismo tiempo, creyó que controlando y fijando precios podría evitar que esas medidas se manifestaran en inflación. Entonces, conforme más emitía más subían los precios que estaban controlados, y así se crearon mercados negros y la pobreza aumentaba cada vez más”, explica el economista Carlos Parodi.

El especialista recuerda que la velocidad del aumento de precios llevaba a que los salarios no alcanzaran para cubrir los gastos del hogar. “Para tener una idea general, entre agosto de 1985 y agosto de 1990 los precios subieron 22 millones por ciento y, por eso, tuvimos que desaparecer la moneda que teníamos, que era el inti. Entonces, el uso de la emisión de dinero para financiar empresas públicas, por ejemplo, e intentar vendernos productos de primera necesidad por debajo del costo hizo que la situación económica no soportara tal carga. Creo que la principal lección que nos dejó el APRA o el gobierno de 1985 a 1990 no fue tanto cómo se debe manejar una economía sino cómo no se debe manejar una economía”, enfatiza.

La prueba de que las medidas de García fueron las peores que se pudieron tomar fue que otros países latinoamericanos también atravesaron aquella severa crisis económica de endeudamiento que mencionamos antes; sin embargo, la mayoría logró recuperarse y volvió a los niveles previos a la crisis en aproximadamente una década, mientras que al Perú ello le tomó casi 30 años.

Hubo países que siguieron una tendencia similar a la peruana como Argentina, Brasil, Nicaragua y Bolivia. Pero otros no. Chile y Colombia fueron responsables en el manejo económico y salieron rápidamente de la crisis originada en una situación externa desfavorable. Por ello Parodi señala que cuando “había que ser más responsable que nunca, acá se fue más irresponsable”. De haber hecho lo correcto, “el Perú no hubiera tenido que pasar por el programa de shock de 1990. Se hubiera podido hacer en el 90 una serie de reformas que hasta hoy lamentamos no se haya hecho en salud, educación, pensiones, entre otros campos. Otra hubiera sido la historia”.

Las políticas adoptadas durante el primer gobierno de García podrían verse como el típico ciclo populista, tal como fue definido por Sebastián Edwards y Rudiger Dornbush, quienes sostienen que el populismo tiene un ciclo, comienza con una euforia, pero luego la economía no lo soporta más. Y haber continuado entonces con la emisión imparable de dinero representó la estocada final. Si se comparara la crisis que sufría el Perú en 1989 con la que atraviesa hoy por la pandemia, podría observarse cómo en el penúltimo año de gobierno de García, la economía caía 12.3%, mientras que en 2020 se contrajo 11.1%, en tanto que a nivel de la inflación la tasa en 1989 era de 3,500%, muy superior al 1.97% de 2020. “Si vamos a comparar solo por la economía, largamente estuvimos peor en el año 89. Esto permite que uno pueda dimensionar lo mal que estuvimos en ese momento”, remarca Parodi.

Hoy es sabido que la inversión en infraestructura puede impulsarse mediante la inversión pública o bajo esquemas privados como las Asociaciones Público-Privadas (APP), que permiten acelerar el desarrollo sin cargar al Estado con onerosos presupuestos que incluso pueden aumentar constantemente con el pasar del tiempo. Sin embargo, en los 80 el desarrollo de infraestructura estaba estrechamente ligado al gasto del sector público y el gobierno de García no fue la excepción.

En el primer año de gestión de García, la inversión en infraestructura fue equivalente a poco más de 1.5% del PBI, un nivel que luego ascendería hasta casi 2.4% del PBI en 1986, el mismo año previo a la debacle económica del Perú. Tales niveles no se repetirían hasta 1995, nueve años después. Y, en comparación con la región, este indicador siempre se mantuvo por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, que siempre fluctuó en un rango de 3.5% y 2.5% del PBI. Una de las causas del bajo nivel de inversión se explicaría por el alto déficit presupuestal del país que, en general, también superaba al promedio de los países latinoamericanos. Y en los tiempos de García el problema se agravó conforme avanzaba la crisis. La falta de recursos y el cuello de botella en su gestión y ejecución fueron una variable adicional en el lento desarrollo de la infraestructura.

García ofreció en 1987 impulsar obras de infraestructura, pero uno de los grandes anuncios que por años quedó como el mal sabor de una promesa de desarrollo incumplida fue el tren eléctrico para Lima Metropolitana. El proyecto, cuyo desarrollo era una idea que se gestaba desde los sesenta, cobró fuerza en 1986 cuando García oficializó la creación de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao. La referida entidad convocó a una licitación que tuvo como ganador al italiano Consorcio Tralima. Este comenzó con el desarrollo de esta obra que debía cubrir una ruta de 20 kilómetros desde el centro de Lima hasta el distrito de Villa El Salvador. Sin embargo, quedó paralizada; un tramo de pocos kilómetros quedó prácticamente inutilizable durante dos décadas e implicó un costo de aproximadamente US$270 millones que hoy serían equivalentes a US$543 millones. García se sacó la espina de esta obra en su segundo gobierno (2006-2011), con una política económica diferente, y puso en marcha el primer tramo del tren veinticinco años después.

El proyecto del Tren Eléctrico se vio envuelto en denuncias de presuntos actos de corrupción del primer gobierno de García que lo involucraban a él mismo y al consorcio Tralima, así como al representante de este, Sergio Siragusa. Este dijo en su momento al fiscal italiano Vittorio Paraggio que García le solicitó una contribución, con un adelanto de US$500 mil. Siragusa dijo que reunió US$200 mil, se los entregó a García en Palacio y luego hizo tres depósitos que sumaron US$840 mil.

A esto se sumaron otros casos, como la olvidada promesa de incrementar el número de penales y la conclusión del proyecto de irrigación Chavimochic, en La Libertad, orientado a mejorar la productividad del agro en el norte. Si bien este no fue iniciativa de García, pues su desarrollo comenzó en los años 60, su desarrollo continuó durante su gestión, pero quedó inconcluso. Recién pudo ser culminado en los años 90. Algunas obras importantes que la primera administración aprista sí logró entregar fueron la hidroeléctrica de Charcani, en Arequipa, cuya construcción finalizó en 1988; y la represa Gallito Ciego, en La Libertad, acabada el mismo año.

Si bien el primer gobierno de Alan García se inició con una buena dosis de bríos a la hora de compararlo con el gobierno saliente de Belaunde, es cierto también que esto sirvió para que el joven presidente pudiera tejer una pequeña red de manejos dudosos a vista de muchos, pero disipado por su inicial popularidad. A García le sirvió la amplia mayoría aprista en el parlamento, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, lo que originó que cualquier dardo que pudiera ir en su dirección fuera rápidamente derribado. De esta forma, dictó políticas y reformas económicas al iniciar su mandato y controló puntos burocráticos claves como el Banco Central de Reserva, el seguro (entonces Instituto Peruano de Seguridad Social) y la administración tributaria, colocando funcionarios apristas en sus más altos puestos y diversos niveles. Así fue construyendo una base, una estructura que le permitió operar sin controles ni fiscalización.

Uno de los casos más recordados fue el proyecto del famoso tren eléctrico, que habría supuesto para García millones de dólares en coimas a través de cuentas en bancos de Gran Caimán, un paraíso fiscal.

Eran las elecciones municipales de 1986, cuando el Partido Aprista presentó a Jorge del Castillo como su candidato a la Alcaldía de Lima. Fernando Olivera, quien era diputado en ese entonces por el Frente Independiente Moralizador, recuerda que, sin proyecto sólido y sin financiación conocida, García respaldó electoralmente a Del Castillo con el plan del tren eléctrico. Años más tarde, y en el marco de las investigaciones, un representante del consorcio italiano que debía realizar la obra le confesó a Olivera el pago de coimas por US$1'200,000 a través de cuentas en Gran Caimán a nombre de un testaferro de García. El monto de las coimas, actualmente, equivaldría a US$2,778.3 millones de hoy.

Otra de las investigaciones por corrupción que tuvo gran notoriedad fue el caso de los aviones Mirage 2000, comprados en el gobierno de Belaunde. Al asumir el poder, Alan García consideró que de los 26 aviones adquiridos –a US$ 12 millones cada uno o lo que sería US$29 millones actuales–, se debían recibir solo doce, pues el dinero ahorrado serviría para invertirlo en sectores sociales más necesitados. Sin embargo, detalla Olivera, los aviones que en teoría no se compraron fueron colocados en el mercado a través de un conocido traficante de armas libanés nacionalizado español, Abdul Rahman El Assir, a un precio de US$ 36 millones cada uno (US$88 millones actuales).

De acuerdo con la investigación desarrollada por el desaparecido senador izquierdista Carlos Malpica (1929-1993), quien luego la plasmó en su libro “Pájaros de alto vuelo”, la operación habría totalizado cerca de US$200 millones en coimas, equivalentes hoy a aproximadamente US$487 millones.

Durante el primer gobierno de Alan García toda la población sufrió directamente los efectos de su política y sus medidas. Era un reto llevar comida a la mesa y pagar cuentas.

El sueldo mínimo se diluía a tal punto que una salida de un par de personas de clase media podía costar lo mismo que ese ingreso mínimo. Un sueldo no bastaba en casa, debían trabajar todos los que pudieran y buscar otras formas de generarse ingresos. La capacidad de ahorro era escasa, una posibilidad limitada a personas con ingresos más bien altos.

La moneda oficial era el inti que, si bien fue creada en los últimos meses de gobierno de Fernando Belaunde, fue con García que adquirió la mala fama de hacerse agua o no valer nada a pesar de juntarse muchos billetes. De ese modo, llegamos a hablar de miles o millones de intis por un valor que hoy, por ejemplo, sería equivalente a diez soles. Muchos se quedaron con estos billetes de la época que no llegaron a cambiarse porque perdieron valor, al punto que servían como dinero de juguete. Las fichas RIN que se usaban en los teléfonos públicos de la compañía estatal y hasta las fichas de las máquinas de jugar pinball tenían mucho más valor que unas monedas de inti.

Con esos mismos billetes uno debía alimentar a la familia y conseguir productos que no estaban al alcance de todo el mundo, inclusive los de primera necesidad. Se volvió habitual ver en los mercados a las familias haciendo cola para conseguir un producto, que encima racionaban por cabeza, sea arroz, azúcar, harina, leche, aceite. Esta venta se daba sobre todo en los establecimientos que fueron llamados “mercados del pueblo”.

La leche evaporada era muy difícil de conseguir. Una larga cola podía acabar en obtener dos tarros por persona. Un producto alimenticio que se asocia siempre a ese periodo de gobierno de García es la bolsita de color verde y blanco de la leche en polvo ENCI (el nombre se lo debía a la empresa estatal que la producía), una opción de consumo popular, a un precio que también lo era, aunque de consistencia, apariencia y sabor muy diferentes a lo que estábamos acostumbrados; para muchos, un producto desagradable.

Y para acompañar el desayuno o el lonche, en ese tiempo los panaderos empezaron a producir el llamado pan popular, económico, más pequeño, oscuro y de un sabor diferente pues podía hacerse de varias harinas incluyendo unas de papa y camote.

El arroz se vendía a granel y provenía de otra empresa estatal: la Empresa Comercializadora del Arroz (Ecasa). No había arroz, azúcar u otros productos similares envasados como los tenemos ahora y la calidad no estaba garantizada.

Si alguien podía ir a un supermercado, de hecho que encontraba más productos, pero sus precios no estaban al alcance de todos. Existían artículos importados cuya calidad era superior a la producción local. Sin embargo, tanto en alimentos como en vestuario, calzado y bienes para el hogar, no existían tantas marcas como hoy.