Análisis.21: Muerte a la pena de muerte

El proyecto de ley presentado por la congresista Karla Schaefer (Fuerza Popular, Piura), para que se aplique la pena capital “por delito de violación de la libertad sexual cometido contra menores de siete años seguido de muerte”, ha reavivado la polémica en torno al tema.

Este implicaría modificar el artículo 140 de la Constitución, así como contravenir el Pacto de San José, que resalta el respeto a la vida e impide que la pena de muerte se extienda a crímenes que no fueran considerados al momento que entró en vigencia la convención americana (1978).

Colombia es el país con mayor número de delitos sexuales contra niños registrados en un año con 8,702 casos, le sigue Chile con 7,685. Tales cifras duplican la cantidad de abusos a menores identificados en México (4,073), Bolivia (4,062), Perú (4,043) y Ecuador (3,550).

En un rango más bajo están Honduras (1,975), El Salvador (1,777), Argentina (1,242) y Uruguay (1,214). Además, con menos de 1,000 episodios encontramos a Nicaragua (874), Costa Rica (637), Guatemala (367), República Dominicana (141) y Panamá (83).

Estas cifras pueden estar relacionadas tanto con el tamaño de la población, como también con el acceso de las víctimas para realizar la denuncia correspondiente.

En la mayoría de países de la región, se considera hasta los 14 años de edad como un agravante al momento de imponer una sanción penal por violación. Mientras que en El Salvador y Uruguay, esta se extiende hasta los 15 años cumplidos.

En cuanto a las condenas más duras, Perú impone cadena perpetua por abuso sexual a niños hasta los 10 años de edad; Chile cuando hay delito sexual seguido por homicidio; y Argentina cuando se trata de abusadores sexuales en serie. Entre los lugares donde un sujeto sentenciado por un delito de este tipo podría pasar hasta 20 años en prisión están Bolivia, Colombia, El Salvador y Honduras.

Llama la atención que en Chile y México, donde han sido detectados un número significativo de episodios de violación sexual a menores, las penas máximas lleguen a 10 y 12 años, respectivamente. También cabe resaltar que en Ecuador y Panamá no se especifica el abuso sexual a niños y adolescentes como un agravante.

El hemisferio occidental es una región donde no se aplica la pena de muerte a violadores de menores, con excepción de Guyana.

Alrededor del globo, en cambio, el castigo capital continúa vigente en un reducido grupo de países. En el continente, persiste en cinco estados de Estados Unidos; al otro lado del mundo, en Australia. Asimismo, prevalece en Iraq, Irán, los Emiratos Árabes, Pakistán, Sri Lanka, Bangladesh, India (violación con asesinato), China, Vietnam, Tailandia, Indonesia, Egipto y Uganda. Este grupo de países se ha caracterizado por mantener sociedades cerradas y conservadoras, y, en algunos casos, represivas.

Está claro que el abuso sexual contra una persona es un acto aberrante que debe ser sancionado con todo el peso de la ley, especialmente tratándose de un menor. Sin embargo, considerar la pena de muerte como castigo requiere de un análisis riguroso y, sobre todo, de un sistema judicial confiable.

- 1978 es el año en que entra en vigencia la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José.

- 25 países se han adherido al Pacto de San José, incluido Perú.