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Curiosas las normas del Jurado Nacional de Elecciones, por decir lo menos. Tan expeditivo para echar de la contienda presidencial a Popy Olivera o a Fernando Cillóniz como para absolver tachas o irregularidades en las candidaturas de Julio Guzmán, César Acuña y, recientemente, Verónika Mendoza.
Ni siquiera un partido histórico como el Apra pudo librarse del cúmulo de objeciones que terminaron conduciendo a sus dirigentes a la autoexclusión de los próximos comicios. Hernando de Soto, por su lado, estuvo también a un paso de quedar fuera de carrera, pero logró salvar lo de sus títulos profesionales, no sin varios días de suspenso.
Si en algunos casos se han invalidado postulaciones por minucias burocráticas, pareciera que en otros tanto el JNE como el Jurado Electoral Especial (JEE) se dedicaran más bien a limpiar el camino de ciertas campañas presidenciales, haciendo la vista gorda sobre alguno que otro detalle dudoso.
Si a Cillóniz, excandidato de Todos por el Perú, lo dejaron tirando cintura en el proceso anterior por un auto no declarado, esa misma objeción no hizo ahora mayor mella –aparte de un susto casi podría decirse que académico– en las candidaturas de Acuña y Mendoza, ya que fueron resueltas en tiempo récord por las mismas instancias electorales.
A la admiradora de Chávez y Maduro, y postulante presidencial bajo el membrete de la alianza Juntos por el Perú (JP), le bastó incluso una simple minuta para librarse. El documento con que Mendoza burló al JNE, en el que declara la transferencia de una propiedad en cuestión a sus hermanas, fue certificado por una notaria que es –casualidad de casualidades– la madre del presidente de su propio partido político.
Que esto no le resultara sospechoso al JEE es precisamente lo que pone en duda la imparcialidad de estos jurados, cuando lo que el país necesita es que los estamentos electorales garanticen la integridad de unos comicios que, de principio a fin, deben ser impecables.
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