Temas pendientes para la gestión (social) minera

Este 20 de diciembre se anunciará la adjudicación de la concesión minera Michiquillay, ubicada en el distrito de la Encañada, Cajamarca. En una conferencia de prensa, los comuneros dieron su total apoyo a este proyecto.

Si bien esto puede ser una buena noticia para el destrabe de la inversión minera (especialmente en Cajamarca), lo cierto es que se debieron manejar estos acuerdos con la comunidad con mayor prudencia.

En primer lugar, los acuerdos del convenio con la comunidad son tan ambiguos o abstractos que ambas partes, empresa y comunidad, pueden tener su propia interpretación. Esta situación puede gatillar un conflicto posterior por falta de entendimiento.

En segundo lugar, se sigue enfatizando el empleo directo en la mina como única forma posible de generar desarrollo. Veo difícil que se pueda gestionar adecuadamente la gran expectativa de la comunidad de emplear a todos los jóvenes de la zona. Por otro lado, se sigue viendo el desarrollo a través del lente de la dependencia de la minería como si no hubieran otras alternativas que podrían asegurar un mejor desarrollo autosostenible. ¿Qué pasará con este pueblo cuando termine la concesión?

En tercer lugar, se está otorgando la administración del fondo social a un ente privado (empresa y comunidad administran el fondo). El gobierno local poca vela tiene en este entierro y esto no puede ser más que un atentado a la búsqueda del fortalecimiento de capacidades institucionales de gobiernos locales. Dejar de lado a un actor tan importante como el actor público local es un error por donde se le mire.

El viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM tiene el gran desafío de tomar mayor acción para generar un modelo de planificación territorial en donde el municipio y no la empresa sea el protagonista de la gestión social de su propio territorio.