Solo para mayores

Perú21 ha estado presente desde que se inició la campaña para que el Gobierno retroceda en el despropósito de impedir que los adultos mayores de 65 años circulen libremente y realicen, como cualquier ciudadano mayor de edad, todas sus actividades, contemplando la emergencia. Hoy, diversas personalidades de la sociedad civil se manifiestan en contra de las discriminatorias restricciones impuestas a los peruanos que peinan canas y que, por lo mismo, merecen todo el respeto de las autoridades.

Las primeras voces que se alzaron tras los muros del confinamiento correspondieron al principio, como es obvio, a los propios afectados, pero los peruanos mayores han dejado de estar solos, la ciudadanía los acompaña en su protesta.

Que el presidente Vizcarra no fuera capaz de realizar una correcta y masiva campaña de comunicación para informar a fondo sobre los graves riesgos que todo peruano corría al desoír las disposiciones sanitarias no justifica una norma que establece reclusión obligatoria en sus domicilios a los mayores de 65 años.

Recortar los derechos fundamentales de los peruanos mayores violenta la razonabilidad de la ley, pues parte por considerarlos ciudadanos de segunda categoría.

Por la vía de las prohibiciones y las acciones punitivas, como hemos señalado en otras oportunidades, el Perú no llegará a ninguna parte, menos en lo que respecta al resguardo de la salud pública. Subestimar a la población con mayor experiencia, presumir que no aprenderá a cuidarse del coronavirus, demuestra, al final de cuentas, una enorme arrogancia de parte de quienes imparten las actuales normas sanitarias.

Resulta imperativo entonces que se les devuelva a los adultos mayores los derechos de cualquier ciudadano, eliminando restricciones y que, bajo su responsabilidad y respetando los protocolos de distanciamiento social –elemental para protegerse del virus que ronda–, se levante la absurda prohibición que les impide circular y trabajar. Nuestra Constitución prohíbe todo tipo de discriminación, por lo que es inaceptable que se discrimine a un ciudadano por la edad que alcanza.