Sin licencia para reclamar

El anuncio del ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, hecho ayer en Perú21, sobre la evaluación de la licencia sindical otorgada, o mejor dicho regalada, al gremio magisterial de Pedro Castillo ha demorado, pero finalmente llegó.

Y tenía que revisarse pues esa patente fue manufacturada, como se sabe, entre gallos y medianoche, gracias a que Castillo puso en el Ministerio de Trabajo a un personaje afín a ese sindicato, Iber Maraví, a quien coloridos atestados policiales señalaban como miembro de Sendero Luminoso.

Si el profesor chotano no se hubiese instalado en Palacio, la Fenatep nunca hubiese visto la luz como sindicato reconocido, por su casi clandestino nivel de representatividad en el magisterio.

Tan ilegal habría sido su inscripción que hasta denuncias de falsificación de firmas existieron, según dio cuenta Perú21 en su momento. Es decir, el Mintra no tendría acá otro camino que el de regresar a este grupo a su estatus real de sindicato no reconocido, sin chances de que se pueda sentar a negociar en el Minedu sobre políticas públicas de educación o contenido curricular, con el grave riesgo que ello implica.

Si nuevamente se le proscribe significaría también que se pueda detener el objetivo de Castillo y su tropa de docentes radicales: apartar al Sutep de la Derrama Magisterial (DM) y hacerse de los fondos pensionarios de cientos de miles de maestros de todo el Perú, que a la fecha vienen siendo eficientemente gestionados por la administración de la DM.

No hay necesidad de pertenecer al gremio magisterial para darse cuenta del grave peligro que entrañaría una situación semejante para el profesorado. Basta revisar el año de gestión que tuvo como presidente de la República y los desastres administrativos generados por la incompetencia o la venalidad de los “cuadros” que ubicó en puestos estratégicos del Estado para entenderlo.

Y la notoria proximidad de la Fenatep con el Conare-Movadef no hace sino aumentar las suspicacias en torno a este conglomerado gremial que representa, desde ya, no solo una amenaza para la educación y la seguridad nacional, sino para los propios maestros afiliados.