Oportunidades perdidas

Todo indica que el esfuerzo de la Cancillería peruana por intentar atraer inversiones extranjeras luego de que estas fueran ahuyentadas por el desastroso gobierno de Pedro Castillo caerá en saco roto. Misión imposible, si nos atenemos a que el clima de convulsión y de protestas irracionales azuzadas por dirigentes de extrema izquierda, en confluencia con sectores abiertamente delincuenciales como la minería ilegal y el narcotráfico, no se detiene.

Ayer, en el foro internacional de Davos, en Suiza, la canciller Ana Cecilia Gervasi destacó las innumerables posibilidades que ofrece el Perú para cualquier tipo de inversiones, asegurando a los grandes empresarios allí congregados que el país “es un socio confiable y lo va a seguir siendo”, gracias a su solidez macroeconómica. Agregó, además, que el Gobierno estaba adoptando medidas para superar la grave crisis social y política por la que atraviesa actualmente.

“Se ha enviado a ministros a distintas regiones del país para establecer mesas de diálogo, reconociendo el derecho a defensa de los manifestantes pacíficos, y el Ministerio Público ha abierto una investigación para identificar y castigar a los responsables de (los desbordes de) violencia, así como para determinar violaciones de los derechos humanos”, puntualizó la ministra.

Recordó también que el Gobierno ha solicitado al Congreso de la República que confirme el adelanto de las elecciones generales ya anunciado por la presidenta Dina Boluarte.

Pero mientras llevamos ese mensaje al Foro Económico Mundial, en el Perú las protestas tienen bloqueadas las vías en más de 100 tramos, afectando la actividad productiva y extractiva que en esas zonas se realiza.

Por ejemplo, ayer se supo que la mina de cobre Antapaccay, en el Cusco, está sufriendo la paralización del transporte de sus concentrados de cobre para exportación por la protesta y el riesgo que esta significa para la integridad de sus vehículos, maquinarias, instalaciones y trabajadores.

¿Qué significa esto? Pues que, al restringir sus operaciones, la región dejará de recibir cuantiosos ingresos por concepto de canon y regalías, con lo que los principales perjudicados serán los propios pobladores de la zona.

Un absurdo que el Gobierno y la ciudadanía que se manifiesta en las calles deben detener ya mismo.