[Opinión] Pablo de la Flor: “La otra gran crisis”

La crisis alimenticia que golpea al mundo llegó con fuerza a nuestro país. Son casi 16 millones de personas que enfrentan dificultades para satisfacer sus necesidades dietéticas y acceder a alimentos suficientes, seguros y de calidad.

Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), durante la última semana el 14% de los peruanos recurrió a un comedor popular u olla común para alimentarse al menos una vez.

El propio presidente, que hace un par de meses parecía minimizar la magnitud del problema, ha reconocido que el 70% de los distritos del país presenta altos niveles de vulnerabilidad alimenticia.

La guerra que involucra a dos de los principales productores de granos y aceites vegetales (Ucrania y Rusia), fenómenos meteorológicos extremos y el encarecimiento del petróleo y los fertilizantes han impulsado la cotización de los alimentos en el mundo. Así, los precios del maíz y el trigo han aumentado 15% y 19% en el último año, con picos aún más altos hace unos meses.

El Perú no se ha mantenido ajeno a esas presiones, con la inflación trepando a 8.4% gracias, en gran medida, al comportamiento alcista de los alimentos. Las subidas más extremas son las registradas por productos básicos como la papa y los huevos (36% y 49% en agosto).

Como suele suceder con este tipo de shocks, los principales afectados son los pobres, quienes, sin haber podido recuperar los niveles de empleo e ingresos previos a la pandemia, deben dedicar más de la mitad de su presupuesto familiar a solventar gastos alimenticios.

Lamentablemente, la crisis amenaza agravarse el próximo año debido a la ineptitud del gobierno. Las licitaciones fallidas (ya van 3) para la adquisición de fertilizantes vienen afectando la campaña agrícola en curso y redundarán en mayores precios para productos de la canasta alimenticia.

Para enfrentar el problema no basta con el bono de S/270 que el Midis distribuirá en breve entre los distintos padrones de beneficiarios. Estamos frente a una verdadera emergencia que exige la respuesta integral y coherente del Estado, involucrando no solo a los ministerios con injerencia en el tema, sino también a las autoridades locales y a actores privados. De lo contrario, el hambre golpeará aún más a los peruanos más vulnerables.