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Resulta patético leer y escuchar las razones esgrimidas en las renuncias de los altos funcionarios del gobierno de Castillo. “Me voy porque lo ocurrido va en contra de mis principios democráticos”, dicen todos de una manera u otra. ¿Pero dónde estaban esos “principios” cuando Castillo hostigaba a los medios de comunicación? ¿Cuando se negaba a declarar ante la prensa independiente como hace cualquier servidor público que está obligado a rendir cuentas ante la ciudadanía?
De qué “principios” hablan si se quedaron callados cuando nombraba ministros y funcionarios con vergonzosos prontuarios. O cuando intentaban minimizar las denuncias de actos de corrupción que involucraban a personas de su círculo más íntimo.
Esos “principios” fueron muy tolerantes cuando Castillo atacaba a otros poderes e instituciones autónomas del Estado como el Congreso o la Fiscalía, sin los cuales ninguna democracia podría funcionar. O cuando en campaña hablaba de reformar el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial.
En realidad, todas las señales estaban ahí y estos funcionarios, así como sus aliados políticos, son también culpables, por acción u omisión, de no haber hecho ni dicho nada en su momento y solo se dedicaron a observar cómo se destruía nuestra frágil democracia a cambio de mantener su pequeña cuota de poder.
No sé hasta dónde lleguen las responsabilidades legales de algunos de estos personajes, pero no debemos olvidar sus nombres para que dentro de algunos años no pretendan reciclarse y que quede claro que sus convicciones no valen nada cuando se trata de acumular poder y privilegios.
No puedo terminar sin expresar mis respetos ante instituciones como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, las FF.AA. y Policiales, entre otras, gracias a las cuales hoy todavía vivimos en democracia en el Perú.
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