Y cada día deberían ser menos…

A priori, debo señalar que estoy de acuerdo con la eliminación de las organizaciones políticas de alcance local (provinciales y distritales), pues estas son constituidas como simples vehículos electorales que desaparecen ni bien culmina el proceso electoral y poco o nada les interesa fortalecer el sistema democrático. No obstante, estimo que resulta importante y legítimo preguntarles a nuestros legisladores sobre algunos detalles de lo que han aprobado la semana pasada.

¿Si las organizaciones locales generan tanto caos, como se sustentó en el debate de la semana pasada en el Congreso, entonces, por qué se ha establecido una excepción para que aquellas agrupaciones locales ya inscritas o aquellas que logren su inscripción antes del 10/1/18 puedan participar en los comicios del próximo año?

¿Qué pasará con las organizaciones políticas locales que al día de hoy están inscritas en el ROP del JNE y que no desean participar en las elecciones del próximo año? ¿Acaso el ROP deberá cancelar de oficio las inscripciones de estas organizaciones provinciales y distritales? ¿Cuál sería el marco legal para ello?

¿Por qué no eliminamos también a los partidos políticos inscritos y que no hayan participado en los dos últimos procesos electorales nacionales o subnacionales, o a aquellos que no registran actividad partidaria en los últimos 5 años? ¿Acaso no sería ideal que se elimine al vientre de alquiler local y también al nacional o regional?

Bajo los mismos argumentos sobre los que se decidió eliminar a las organizaciones políticas locales, pregunto: ¿Qué haremos con los 22 partidos políticos formalmente inscritos y los 140 movimientos regionales o departamentales que, salvo honrosas excepciones, no aportan nada al fortalecimiento de nuestro sistema político y de nuestra democracia?