[OPINA] José Luis Gil: “Vuelven los detectives”

El 21 de diciembre, el gobierno peruano publicó el Decreto Legislativo 1605, que modifica más de 30 artículos del Código Procesal Penal (CPP) para optimizar la lucha contra la criminalidad. Consideramos que esta medida no es completa; sin embargo, es un gran avance para hacer frente al fenómeno criminal que acecha al país y esperamos que se sigan dando más decretos en este sentido. Lamentamos que el sector progresista haya iniciado un proceso de “demolición mediática” contra las normas publicadas y notificamos a la población que, detrás de la supuesta “inconstitucionalidad” que plantean, no solo están sus estrategias de relativización de las fuerzas de seguridad, sino su defensa por el manejo de un sector del Ministerio Público.

Analicemos. Revisando la Constitución de 1979, encontramos que el artículo 250 daba al Ministerio Público la tarea de “vigilar e intervenir en la investigación del delito desde la etapa policial”; luego, en la Constitución de 1993, de manera sorprendente, en el artículo 159, le conceden la capacidad de “conducir desde su inicio la investigación del delito”, y es aquí donde empiezan los problemas, debido a que convirtieron a bisoños abogados en “superfiscales”. El asunto se agravó más con la entrada en vigencia del CPP en 2004, en que los niveles de criminalidad se elevaron debido a que genera una alta percepción de impunidad de los criminales.

En los últimos 20 años de aplicación del CPP, las demoras por carga procesal hasta el olvido o encarpetado de expedientes o “carpetas fiscales”, así como actitudes poco profesionales (como el participar en capturas por orden judicial que bien las podría hacer la Policía sin necesidad de su presencia) o realizar registros personales a los intervenidos o actuar como policías, han sido una constante que ha desvirtuado la investigación de las pesquisas, de los investigadores policiales. La necesidad voraz de un Ministerio Público tan politizado (esto último es como lo menciona gran parte de la prensa) de someter a la Policía Nacional está permitiendo que el nuevo fenómeno de criminalidad transnacional aproveche el desorden y la anarquía en este campo para tomar el control de “plazas” y así someter a la población al imperio del crimen. Esto debe terminar.

Al parecer, el gobierno ha entendido que la PNP tiene 100 años de historia y ha construido Ciencia Policial y que toda esa experiencia es necesaria ponerla en práctica hoy mismo. Devolverle su capacidad operativa en la investigación del delito es solo el primer peldaño para salvar a los ciudadanos de las garras del crimen. No nos cabe duda de que el nivel de deterioro del Ministerio Público requiere una reforma integral de inmediato con la remoción de las cabezas con clara posición ideológica y política. Es momento de “tomar el toro por astas” (los criminales) y estamos seguros de que con estas normas la PNP reforzará su compromiso con la ciudadanía. Sí se puede.