Los derechos de las minorías al congelador

Mientras que las democracias occidentales avanzan en la promoción de los derechos de las minorías con el fin de alcanzar sociedades más inclusivas, en el Perú vamos a contracorriente. En los últimos cinco años, un grupo minoritario ha librado una batalla heroica contra una corriente de pensamiento predominante (en la clase política) que viene preñada de prejuicios ideológicos y seudocientíficos y que, lamentablemente, está ganando la batalla.

Los rabiosos defensores de esa ideología se han enfrentado con garras al enfoque de género en el currículo escolar y, en el Congreso anterior, han defenestrado a tres ministros de Educación. También han derogado el decreto legislativo que buscaba proteger a las poblaciones vulnerables (como la LGTBI) de los crímenes de odio. Y si no fuera por la resistencia de la sociedad civil, hoy serían ley proyectos como aquel que proponía excluir la “ideología de género” de las políticas de educación. El matrimonio igualitario y el aborto por causales ni siquiera asomaron en el debate, y aunque el dictamen de la ley de identidad de género se haya aprobado en la Comisión de la Mujer, es un hecho ineludible que pronto será apilado en el olvido junto con aquel que propone despenalizar la eutanasia.

Tal parece que en los próximos cinco años la agenda de las libertades de las minorías entrará al congelador, o acaso retrocederá. El Congreso electo es avasalladoramente conservador y los candidatos presidenciales se han declarado pro familia y han dicho que revisarán el enfoque de género. La sociedad civil tendrá que luchar para que no se retroceda en lo básico: el enfoque de género. Con él se busca promover la igualdad de género, la educación sexual y la tolerancia a la orientación sexual en el currículo escolar. El 82% de los peruanos está a favor de su aplicación, según una encuesta de Ipsos de 2019. La clase política no puede desconocer esa demanda por una educación más moderna y plural. ¿Qué menos que eso podemos exigir?