Todos contra todos

¿Quién debería liderar institucionalmente la lucha contra la corrupción en el Perú? ¿En quién debería recaer la responsabilidad institucional de investigar a los distintos sectores y facciones políticas, administrativas y empresariales involucradas en 30 años –o más– de robos al Estado?

Por mayoría y fuerza bruta, Fuerza Popular intenta desde el Poder Legislativo atribuirse la tarea, pero carece de la credibilidad dada la cantidad de rabos de paja que arrastra y las dimensiones del techo de vidrio rajado debajo del cual reside. Ocho de cada diez peruanos desaprueban la labor del Congreso (GfK 27/08) y también ocho de cada diez no les creen a los partidos políticos (Ipsos, 1/10). Y están manchados por Odebrecht.

¿El Ejecutivo? Aunque le creen casi cuatro de cada diez, no tiene las agallas, los números, la fuerza y, desde la segunda declaración de Odebrecht, tampoco la legitimidad para acometer la tarea. Además, lo desaprueban siete de cada diez peruanos y está manchado por Odebrecht.

¿Las organizaciones de la sociedad civil? Aunque les vaya mejor que al presidente y al Congreso, carecen del reconocimiento ciudadano, la representatividad, el empoderamiento y las herramientas legales. A lo mucho pueden ser observadores pues, valgan verdades, muy poquitos saben quiénes son y también están manchados por Odebrecht.

Quien debe hacerse cargo es la Fiscalía: casi cuatro de cada diez creen en ella aunque no sepan a qué se dedica. Dentro están los fiscales que piden que no se le pregunte a Odebrecht quién es AG, los que ya no le quieren hacer preguntas a Barata y los que las hacen, pero no sabemos si va a servir de algo. Es lo que hay.

El mayor daño de la corrupción fue convencernos de que todos son iguales. Ahora nos da igual, que vaya preso unito y nos damos por bien servidos.