Editorial: Lanzados al paro

El paro de abril de este año, que puso en jaque al gobierno y mostró todas sus debilidades, hizo confluir en aquella oportunidad a transportistas y agricultores, los mismos sectores que hoy nuevamente han salido a las calles a reclamar por una plataforma de demandas no atendidas desde entonces.

Era tan solo cuestión de tiempo que el conflicto estallara otra vez, pues el gobierno se ha empeñado, todos estos últimos meses, en seguir una agenda única, de confrontación, echándole la culpa de sus ineficiencias y torpezas a gobiernos anteriores o al Congreso. No es necesario entrar a analizar las demandas para colegir que ambos casos tienen origen y asidero en la desatención del Ejecutivo. Y no se trata, desde luego, del único sector de la producción o la economía nacional que está pasando por un trance similar.

Los transportistas de carga ni siquiera reclaman partidas extraordinarias para solucionar sus reclamos, se limitan a exigir gestión, decisiones, planificación de estrategias viables. Pero claro, difícil que los ministros resuelvan los problemas de sus respectivas carteras si se dedican, un día sí y otro también, a defender al presidente de las denuncias periodísticas e investigaciones judiciales por episodios de corrupción o incompetencia de funcionarios.

Y ni qué decir del agro. Uno de los contenciosos, para empezar, es el cuento de la ‘segunda reforma agraria’, que suponía apoyo en créditos y tecnificación para los pequeños y medianos agricultores. De ello, no hay absolutamente nada, aparte de unas cuantas postales de la pomposa ceremonia con que se lanzó.

Otro reclamo de los agricultores, justificado, es la inoperancia del gobierno para importar fertilizantes. Se termina el año e increíblemente sigue sin llegar la urea prometida. Los trámites, los concursos, las compras se cancelan una tras otra por irregularidades, sospechas de dolo o negligencias operativas.

Desde el 28 de noviembre, además, se sumarán a estas paralizaciones los trabajadores que administran la Ciudadela de Machu Picchu, mientras que en los conflictos del Corredor Minero Sur hay el riesgo de que pueda producirse un nuevo cierre total de Las Bambas.

Nadie en su sano juicio puede desear que las actividades productivas se paralicen en el país, pero en esa ruta nos está precipitando la administración de Castillo, que ni siquiera atina a hacer lo mínimo que le toca: gobernar y gestionar.