[OPINIÓN] Mariana Alegre: Vivienda social

Rápidamente algunos distritos —principalmente mesocráticos— se opusieron argumentando que la norma se interponía con sus competencias de planificación urbana. Aunque también —es importante decirlo— a algunos lo que más les molestaba era la posibilidad de que se puedan ofrecer viviendas sociales para personas de menores recursos en sus jurisdicciones. Sin embargo, a pesar del espíritu de la norma, la trampa no se hizo esperar y algunos desarrolladores inmobiliarios se amparaban en esta normativa no para ofrecer vivienda social, sino para saltarse requisitos normativos con el objetivo de hacer negocio y construir edificios sin las condiciones apropiadas para el contexto urbano. Cabe indicar que ahora, gracias a este fallo del Tribunal Constitucional, los gobiernos locales no van a poder ir contra los parámetros establecidos por su municipalidad provincial.

Es importante entender que ofrecer más vivienda social es fundamental para garantizar el derecho a la vivienda de muchísimas personas que en este momento recurren a los traficantes de tierras. Este fallo no solo ratifica esta importancia, sino que incorpora condiciones y características clave como la dignidad de la misma y los atributos que hacen a una vivienda ser considerada así. Sin embargo, a la fecha, las políticas públicas no priorizan realmente esta necesidad. Los programas que se ofrecen desde el MVCS son insuficientes y no atienden a la creciente demanda ni en ritmo ni en calidad. Por ello, podemos afirmar que la política de vivienda social en el Perú ha fracasado y solamente recurre a la fantasía del título de propiedad para mostrar resultados. Ni qué decir de la vulnerabilidad y riesgos presentes en el territorio y que ahora, por los efectos del cambio climático, se acrecientan e impactan más severamente en la vida de las personas.

Esperamos que este fallo permita reforzar los compromisos del Estado en relación a la vivienda social y, sobre todo, que considere la promoción de la calidad de vida a través de la incorporación del entorno urbano y los servicios que se supone contribuyen a ofrecer un espacio fértil para que los ciudadanos y ciudadanas puedan construir su proyecto de vida, de acuerdo a sus propios intereses.