Benavides: “Se pone fin al perro muerto del Estado”

A diferencia del cataclismo que dibujaron miembros del Gobierno, el exministro de Economía Ismael Benavides afirmó que con la decisión del Tribunal Constitucional (TC) sobre los bonos de la reforma agraria "se hace justicia" y "se pone fin al perro muerto del Estado".

Consideró que la medida no tendrá ningún impacto en el presupuesto, ya que –dijo–concede bastante tiempo para cumplir con los pagos.

"El propio general (Juan) Velasco aseguró que se les iba a pagar a los expropiados, cosa que no se hizo. Hoy, cuando el Estado tiene un presupuesto saneado y estabilidad de recursos, tranquilamente (se) podrá y no tendrá un impacto mayor de 1% del presupuesto actual", explicó en Radioprogramas.

Benavides opinó que la sentencia del TC –que ordena el pago de los bonos agrarios– es bien "sesuda" y "documentada", y destacó que otorga un plazo razonable –de 10 años en total– para actualizar la información sobre los tenedores de dichos instrumentos.

"No estamos hablando de millones de personas, sino de gente que está más o menos identificada", añadió.

"SE EQUIVOCÓ"Por su parte, el premier Juan Jiménez –que días antes había expresado su preocupación por el fallo– solamente precisó que el Gobierno analiza las consecuencias jurídicas y económicas de un eventual pago de los bonos y que se pronunciará en las próximas horas.

Mucho más crítico fue el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, quien sostuvo que el Tribunal Constitucional ha confundido el rol que le corresponde al haber determinado hasta las formas de pago.

"No es el Ministerio de Economía; son abogados, no tienen consideración de los elementos que rigen el manejo económico ni las condiciones cambiantes de la economía global en crisis (…) El Tribunal se equivocó por completo", sentenció el funcionario.

En tanto, el congresista Manuel Dammert (Acción Popular-Frente Amplio) calificó el fallo de "prevaricador", y adelantó que presentarán una denuncia contra los magistrados.

DATOS

- En su fallo, el TC le otorgó al Poder Ejecutivo un plazo de seis meses para reglamentar el procedimiento para el registro, actualización y forma de pago de la deuda agraria.

- Dispone que el criterio de valorización de los bonos debe ser el de conversión del valor nominal a dólares americanos, más la tasa de interés.