Gobiernos regionales y locales deben destinar el 1 % de su presupuesto anual para impulsar mejoras en accesibilidad y fortalecer programas para personas con discapacidad.
Empleadores públicos están obligados a contratar a personas con discapacidad en una proporción no inferior al 5 % del total de su personal, según la Ley 29973.
Conadis recuerda que las personas con discapacidad, al ser una población vulnerable, deben tener atención prioritaria en situaciones de emergencia o desastres naturales
“Las leyes una vez aprobadas deben cumplirse. Eso es parte de la esencia de un Estado constitucional. Para ello, las leyes tienen que ser pertinentes y factibles de ser cumplidas”.