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FARC niega que carcelero de Íngrid Betancourt sea parte de acuerdo de paz
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Martín Sombra fue el encargado de mantener en cautiverio a Íngrid Betancourt, secuestrada por las FARC en febrero del 2002. (Foto: Twitter)
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El partido FARC negó este lunes que el recapturado Martín Sombra, conocido como el carcelero de la franco-colombiana Íngrid Betancourt, liberada en 2008 tras seis años de cautiverio, sea parte de esa organización o haya firmado el acuerdo de paz que desarmó a la guerrilla.
Visiblemente envejecido, Sombra fue detenido el sábado por un presunto secuestro cometido en 2017 y aunque se había sometido a la justicia especial de paz, surgida del pacto firmado por los antiguos rebeldes, desde antes estaba desvinculado de la agrupación armada.
Elí Mejía o Martín Sombra “fue desertor” de las filas guerrilleras y “no está en proceso de reincorporación producto del Acuerdo Final de Paz, no desarrolla proyectos productivos vinculados a la implementación y tampoco es integrante del Partido FARC”, señaló esa organización en un comunicado.
Información sobre la relación con el @PartidoFARC del señor Elí Mejía Mendoza, conocido como "Martín Sombra" pic.twitter.com/CPHZujgSUH pic.twitter.com/r6Q1btjUfn
— FARC (@PartidoFARC) February 3, 2020
El excombatiente se hizo conocido por haber sido el carcelero de la excandidata presidencial Íngrid Betancourt durante parte de su cautiverio en las selvas colombianas.
Bajo su custodia también estuvieron tres estadounidenses, que fueron liberados junto a Betancourt y 11 militares colombianos en una espectacular operación militar en 2008.
Martín Sombra se habría separado de las FARC en 2007, un año antes de su primera captura, según el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).
El exguerrillero estuvo encarcelado hasta 2017, cuando decidió colaborar con la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que se ocupa de investigar los peores delitos cometidos en el marco del conflicto de más de medio siglo con la desmovilizada guerrilla marxista.
Fue excarcelado antes de completar su condena, a cambio de firmar un compromiso que lo obligaba a confesar sus crímenes y reparar a sus víctimas.
En caso de que se compruebe que incurrió en un delito después de noviembre de 2016 -cuando se firmó el acuerdo de paz en Colombia- podría perder los beneficios y ser sometido a la justicia ordinaria, indicó a la AFP una fuente de la JEP.
El tribunal de paz prevé otorgar penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus crímenes cometidos en el marco del prolongado conflicto armado, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia, sean guerrilleros, militares o civiles.
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