ATU y LAP suscriben convenio para la fiscalización de taxis en el aeropuerto Jorge Chávez

Gracias a este acuerdo, la ATU podrá realizar acciones de fiscalización en el estacionamiento y en otros puntos del aeropuerto identificados como necesarios para llevar a cabo las intervenciones de manera integral.

En ese sentido, la ATU informó que la fiscalización se realizará, tanto en campo como de manera electrónica, a todos los vehículos que operen en dichos espacios, desde taxis independientes hasta aquellas unidades que pertenezcan a empresas con acuerdos comerciales en el aeropuerto.

De comprobarse que alguna unidad brinda el servicio de manera ilegal, se aplicarán las multas correspondientes: S/ 5,150 (1 UIT) para el conductor del vehículo y S/ 10,300 (2 UIT) para el propietario, así como medidas preventivas que podrían incluir el internamiento del vehículo en un depósito.

“Este convenio nos va a ayudar a asegurar la prestación del servicio de taxi formal para los millones de pasajeros que se movilizan cada año en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Lo que buscamos es que quienes hacen uso de este servicio tengan una experiencia segura, que estén menos expuestos a ser víctimas de robos o incluso secuestros, hechos que son más recurrentes en unidades informales y que ponen en riesgo su integridad,” señaló Ronald León, director de Fiscalización y Sanción de la ATU.

Como parte del convenio, LAP implementará una oficina de trabajo en el aeropuerto y dotará de equipamiento de fiscalización electrónica a la ATU.

“Como operador del primer aeropuerto del país, tenemos el firme propósito de asegurar la seguridad y el bienestar de nuestros pasajeros y usuarios; por ello estamos brindándole todas las facilidades a la ATU para que pueda ejercer su rol fiscalizador dentro del aeropuerto. De esta manera, nos convertimos en aliados estratégicos para mejorar la imagen del país a nivel nacional e internacional”, dijo por su parte Milagros Montes, gerente de Asuntos Públicos de LAP.

Cabe señalar que el convenio tiene una vigencia de tres años a partir de la fecha de su firma y se puede extender por acuerdo entre ambas instituciones.